Cristóbal Cantos Ruiz
Secretario General ASAJA Andalucía
 
Al ministro de Agricultura o le han sacado de contexto sus frases o le ha traicionado el agotamiento, sus declaraciones últimas no puedo compartirlas, porque las críticas que hemos realizado desde Asaja a la reforma de la PAC no son fruto de la ignorancia. Con el máximo respeto pero con toda firmeza, son múltiples las interrogantes que ha dejado sin resolver el Consejo de Ministros Europeo. La Reforma de la PAC aprobada en Luxemburgo el pasado 26 de junio supone además de un cambio sustancial en el sistema de apoyo a la actividad, la incorporación de elementos que contribuyen a la renacionalización de la Política Agraria, provoca inseguridad en el sector y tiene muchas incógnitas aún sin resolver.
 
Empecemos con orden. La vinculación parcial del hasta 25% de la ayudas a los cultivos COP, con la que se posibilita al Estado miembro, no es una garantía para dogmatizar sobre la continuidad de la producción. Esta posibilidad introduce complejidad al sistema burocrático porque somete al sector agrario a mayor volumen de papeles y nadie puede afirmar, sin riesgo de equivocarse, que sus costes sean suficientemente compensados. Un cerealista recibe actualmente como aliciente a la producción 0,063 euros/kg (unas 10,50 de las antiguas pesetas por kilogramo), mientras que recibiría a partir de que la reforma se aplique en España 0,01575 euros/kg (unas 2,62 ptas/kg) el agricultor tiene que analizar si le compensa producir cereal al precio actual de mercado (22 ptas/Kg).
 
Mucho me temo, y el ministro seguro que también, que en muchas zonas de bajos rendimientos se renuncie a sembrar cereal con lo que estarían bastante más contento si la desvinculación fuese total. Habrá que pensar si es acertada o no la propuesta de vincular ese 25% ya que de cara a la producción poco se va a incentivar y se posibilita que en la UE se ahorren ayudas para España.
 
La desvinculación corregida a la carta por los Estados miembros en los sectores ganaderos provocará graves distorsiones en el mercado único europeo y disfunciones en la actividad que tampoco han sido suficientemente analizadas y que también habría que discutir antes de pronunciarse definitivamente. El Ministerio, las Comunidades Autónomas y el sector deben analizar con profundidad la decisión final a adoptar una vez que la reforma está aprobada.
 
Sobre la posibilidad de que los Estados Miembros puedan realizar pagos adicionales, a nivel nacional o regional hasta un 10% del techo, para promocionar ciertos tipos de agricultura que son importantes en la protección del medioambiente, de mejorar la calidad y del marketing de productos agrícolas, el ministro no ha dicho nada. Y, sin embargo, ese ruidoso silencio habla, a mi juicio, más de renacionalización que de subsidiaridad.
 
En cuanto al dinero para el desarrollo rural que retorna a España todos sabemos que sale del bolsillo de los agricultores y ganaderos a través de la modulación (esa palabreja que algunos demagogos enseñaron a Fischler) pero la reforma de la PAC aprobada no garantiza que vuelva de nuevo a ellos. Las políticas de desarrollo rural hasta ahora sólo han demostrado que es un dinero que manejan los políticos a su libre albedrío sin la necesaria eficacia y control, basta para comprobarlo remitirse a los continuados informes del Tribunal de Cuenta Europeo.
 
Tampoco se ha valorado suficientemente el riesgo que supone la activación, a partir del 2.007, del mecanismo de disciplina financiera, verdadera espada de Damocles sobre el campo europeo, en la práctica es que el coste de la incorporación de la agricultura de los diez nuevos países gravitará básicamente sobre las castigadas rentas agrarias.
 
Pero de lo aprobado hasta ahora, lo que representa mayor inquietud, son las numerosas incógnitas no suficientemente aclaradas, porque a los responsables de las organizaciones agrarias nos consultan los agricultores y ganaderos y lamentablemente no podemos dar respuestas claras para una correcta toma de decisiones. Me estoy refiriendo a los títulos en los que se reconocerán los derechos históricos sobre los que se calcularán las ayudas desvinculadas. Solo sabemos que se calcularán sobre las ayudas recibidas durante los años 2.000, 2.001 y 2.002, pero hasta en alguna declaración el ministro español ha señalado dudas al respecto. No conocemos el valor documental de dichos títulos, parece que serán transferibles, pero nada sabemos en qué condiciones, si tendrán o no ligazón de alguna manera con la tierra, y de cuando se dispondrán de ellos, como afecta a los nuevos emprendedores, etc, etc… El campo es una actividad viva en el que cada día que pasa sin adoptar decisiones o adoptándolas a ciegas puede representar costes muy elevados. Mientras no se conozca el desarrollo normativo no se pueden responder esas importantes cuestiones que afectan a la actividad y al patrimonio, por lo que resulta imposible hacer una valoración razonable de estos acuerdos. Es cuanto menos temerario pronunciarse sobre los efectos de la reforma.
 
Por estas cuestiones, por las consecuencias en las negociaciones en la OMC y otras más en las que no me extiendo, desde Asaja sin triunfalismos ni catastrofismos, hemos valorado como el menos malo de los acuerdos posibles. No obstante, el realismo aconseja que estando ya la reforma aprobada ahora toca trabajarla desde la responsabilidad, la serenidad y el rigor. El ministro como gran conocedor del agro, respetuoso con la opinión antagónica, con sus magníficas dotes dialogantes y de experto e incansable negociador sabe que en el campo muchas veces tenemos que firmar con el dedo pero que no nos lo chupamos.