12 de agosto de 2003. La consejera de Agricultura defiende la competencia de la comunidad autónoma para legislar sobre los apoyos a la agricultura y la compatibilidad de la norma con la Política Agraria Comunitaria.

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, anunció hoy que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentará alegaciones ante el Tribunal Constitucional al recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley de Modulación de Ayudas Agrarias.

Mercedes Gómez defendió la facultad de legislar sobre esta materia de acuerdo con el Real Decreto 3157/82 y en el Artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, donde se establecen las competencias autonómicas sobre la ordenación de la agricultura.

La titular de Agricultura del Gobierno regional subrayó que «la comunidad autónoma debe tener una política de apoyo a los agricultores profesionales para proteger su renta y esas actuaciones están en armonía con la Política Agraria Comunitaria». Esta compatibilidad con la PAC queda respaldada por el Reglamento 1259/1999 del Consejo de Ministros de la UE -por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común-, que permite la aplicación de una modulación de las ayudas de manera voluntaria por cada uno de los países miembros.

En cuanto al fondo de la Ley de Modulación de las Ayudas Agrarias, la consejera insistió en la función social y redistributiva que orienta la norma regional frente al modelo defendido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde no se protege a los agricultores profesionales y a las explotaciones familiares. La regulación autonómica sólo afecta a 3.290 propietarios que reciben más de 30.000 euros anuales del FEOGA-Garantía mientras que el modelo del Ministerio reduce las ayudas comunitarias a 26.688 productores por tener un nivel de apoyos superior a 5.000 euros en cada ejercicio.

Otro factor que avala a la ley regional, según Mercedes Gómez, es la viabilidad económica y presupuestaria. Gracias a la nueva norma se recaudarían 41 millones de euros, que serían destinados a otras medidas de desarrollo rural, mientras que con el proyecto defendido por el Ministerio sólo se consiguen 24,5 millones de euros para dedicar a estas actuaciones complementarias.