Madrid, 19 de septiembre´03. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, no oculta su profunda preocupación ante el incierto futuro del azúcar y de la remolacha en el Estado español después de conocer las directrices que maneja la Comisión en la propuesta que el Comisario Fischler va a presentar en los próximos días para reformar la OCM del Azúcar.

La liberalización del mercado del azúcar es el objetivo fundamental del Colegio de Comisarios que parece no comprender que el desmantelamiento del tejido productivo remolachero no va a reportar ningún beneficio para las poblaciones de los países menos desarrollados. Los datos son elocuentes: en el mundo se producen 135 millones de toneladas de azúcar, de las cuales, 16 se producen en suelo comunitario, de estas sólo 1,5 millón de ellas se exportan con ayuda, por lo que su impacto es mínimo en los mercados internacionales.

La política de cuotas y precios garantizados es un pilar básico que no puede ser desmantelado porque es la forma de vida de 20.000 familias que viven de este cultivo en el Estado español. El sistema permite la estabilidad en los suministros y en los precios de mercado frente a la gran volatilidad del mercado internacional. Además, la distribución de la producción ha permitido llevar prosperidad a zonas rurales deprimidas de toda la Unión Europea, pues el reparto se hace con este criterio.

La retirada de las garantías comunitarias para el sector no supondrá mejoras en la calidad de vida de la población de los países pobres productores. Sobran ejemplos de otros productos como el café, el cacao, el caucho o la banana, los países que se especializan en la producción de estos productos de cara a la exportación no abandonan su situación de dependencia y pobreza; mientras que los operadores monopolizan el comercio y el beneficio.

Desde COAG se exige que se mantenga el sistema de cuotas y precios vigente, lo que implica la contingentación de las importaciones de los países incluidos en la Iniciativa EBA –Todo menos armas-, su control y certificación para evitar el fraude y el dumping social y ambiental, que generan competencia desleal e indeseable. COAG reivindica el derecho a producir los alimentos que consumimos, y el mantenimiento del principio de preferencia comunitaria; en nuestro país se produce 1´1 millones de toneladas de azúcar, mientras que se consume 1,2 millones, es decir, somos deficitarios en este producto, aunque tenemos la obligación de exportar parte de la producción de manera obligada, una de las deficiencias que sí habría que corregir en la OCM del azúcar.

En este sentido, José Luís Ocio, reponsable del sector remolachero de COAG, mantiene que “hay que defender el sistema de cuotas y precios que ha demostrado su utilidad, reconocer la capacidad productiva del Estado español y mantener el principio de preferencia comunitaria, lo que exige la contingentación de las importaciones preferenciales. La liberalización total arruinará a los productores europeos sin que por ello mejoren las condiciones de vida y trabajo de la población en los países menos desarrollados”.