Madrid, 14 de
octubre´03. Analizando la situación de los precios, se deduce que si
los precios frescos o elaborados suben en destino y por el contrario,
los producidos en origen suben en menor medida, el incremento que se
observa en el IPC sólo puede achacarse a los crecientes márgenes de
beneficio de la cadena agroalimentaria, de la que no son protagonistas
los agricultores y consumidores, y sí otros agentes económicos.
Además, se evidencia asimismo problemas de transparencia existentes en
la comercialización de los productos agrarios, sobre todo
perecederos.
El precio de las hortalizas ha caído, del 2002 al 2003,
en conjunto, un 5,6 % en origen, mientras que para los consumidores el
precio de las hortalizas se ha incrementado en un 4,4 %; en el caso de
las frutas el productor ha percibido este año un 3,3 % pero el
consumidor ha desembolsado un 11% más, las diferencias son elocuentes;
el sector ganadero sufre una situación similar, el porcino ha bajado
en origen un 8%, mientras que el consumidor ha pagado un 1% más; en
vacuno el descenso en origen es de un 1,1% y el incremento para el
consumidor ha sido del 4 %. Las anomalías en el mercado son
evidentes, la inflación en alimentos es un 200% más elevada que la que
registran el resto de partidas.
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Fuente MAPA
Estas disfunciones no
ocurren en los demás países de la Unión Europea, salvo en Grecia. La
inflación del Estado español de la cesta de la compra es un 56% más
elevada que la registrada en la Unión Europea.
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Esta grave distorsión en el mercado alimentario desincentivando las
producciones agrarias y las rentas de los agricultores por los bajos
precios percibidos, introduce una injustificada tensión inflacionaria,
que debilita el conjunto de la economía y erosiona las rentas de los
ciudadanos.
Ante la pasividad del
Gobierno, COAG solicita a la Administración la puesta en marcha de un
plan estratégico en defensa de precios justos para los productos
agrarios, que no penalice a los profesionales del medio rural ni a los
consumidores. Los profesionales agrarios y los consumidores padecen
los resultados de un oligopolio formado por la distribución, que no
permite que el libre mercado funcione de manera armónica; el
profesional agrario recibe precios exiguos, mientras que el consumidor
paga precios abusivos.
COAG pide al Gobierno
que intervenga para restaurar la cadena de valor de los productos
frescos; la estrategia oligopolística de la distribución, genera
tensión inflacionista, crisis de precios en origen, destrucción del
tejido rural productivo y un descenso alarmante de la calidad y la
seguridad alimentaria.
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