Mérida, 2 de febrero de 2004. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-UCE) de Extremadura recurrirá el expediente que ha abierto la Delegación del Gobierno contra la organización por la tractorada del pasado 30 de diciembre, aunque aún no ha recibido ninguna notificación, mientras que los agricultores están recibiendo hace varias semanas las multas impuestas a instancias del Delegado del Gobierno en la región, Oscar Baselga.

Lorenzo Ramos, Secretario General, ha declarado esta mañana la grave incongruencia en la que cae el Delegado del Gobierno “cuando asegura que los agentes de la Guardia Civil están obligados a vigilar el buen funcionamiento del tráfico, y siendo ellos mismos quienes sugirieron dónde podían aparcar los tractores, luego les multa con 90 euros”.

“Por otra parte, resulta sorprendente – ha añadido – que no nos haya notificado que ha abierto un expediente sancionador contra la organización cuando las multas están llegando hace tiempo y hemos hablado con él en varias ocasiones sobre este asunto sin que nos llegara a comentar este otro término, que hemos conocido este fin de semana a través de los medios de comunicación”.

Los servicios Jurídicos de UPA-UCE estudiarán el recurso al expediente presentado por la Delegación del Gobierno que contempla una sanción, al parecer, de entre 300 y 30.000 euros. En este sentido, el Secretario General ha manifestado que recurrirá “porque se trata de una razón de justicia, nosotros no interrumpimos el tráfico rodado en ningún momento y los agricultores aparcaron los tractores únicamente donde les dijeron la Guardia Civil que lo hicieran, no pueden llegar luego y multar por hacerles caso”.

Lorenzo Ramos considera que el Delegado del Gobierno está haciendo un uso partidista de la Institución pública a favor del partido al que representa: “estamos en campaña electoral y parece que andan un poco nerviosos y quieren hacernos callar, resulta curioso que conozcamos la existencia de dicho expediente al día siguiente de mis declaraciones a favor de los agricultores que fueron sancionados por la propia Delegación. Me pregunto si la movilización dicen que no se ajustaba en la forma ¿por qué no lo dijeron antes?, y ¿ por qué no hemos sabido nada del mencionado expediente contra la organización hasta ahora?”.

“Estamos ante una situación en la que predomina la falta de libertad de expresión que no hemos conocido en mucho tiempo; el máximo representante del campo español, el ministro Arias Cañete, miembro del Gobierno del PP, que debe mirar por igual a todas la comunidades españolas a las que representa, nos quita de un plumazo 5.000 hectáreas de arroz, siendo Extremadura la segunda productora nacional; y después viene a rematar la faena otro miembro del PP, el máximo representante del Gobierno en la región, Oscar Baselga, y multa a los arroceros. Esto no tiene más que un nombre y es una persecución política contra Extremadura, ajena a la agricultura, a la producción de arroz y a las pequeñas explotaciones agrarias, que lo único que quieren es poder seguir viviendo del campo”.