Sevilla, 11 de marzo de 2004. Tras la aprobación en la tarde de hoy del informe del Parlamento Europeo, la negociación de las reformas de las OCMs mediterráneas entra en su recta final, por lo que es muy probable que este sea el tema central del próximo Consejo de Ministros de Agricultura, que tendrá lugar en Bruselas el 22 y 23 de marzo.

Por ello, la Mesa del Algodón, integrada por ASAJA, COAG, UPA, FAECA, AEDA, ADESUR, APROVE y APROSE, UGT y CC.OO, la práctica totalidad del sector algodonero español, quiere mostrar su más absoluto rechazo a esta propuesta y al informe del Parlamento, que contra el criterio de la propia Mesa, contempla el desacoplamiento como una de las opciones de la reforma.

Desde la Mesa entendemos que este es el momento de recordarle al ministro español de Agricultura, sus compromisos y obligaciones con el sector del algodón, y desde la Mesa del Algodón le exigimos que cumpla con el compromiso que asumió con toda la Mesa el pasado 5 de diciembre, y que defienda en Bruselas el mantenimiento del régimen actual, el único sistema que garantiza la viabilidad del cultivo.

La Mesa del Algodón exige asimismo que, llegado el caso, y si en Bruselas se impone la propuesta de desacoplamiento, el ministro español de Agricultura realice las gestiones oportunas para que el España interponga ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso contra esta propuesta de reforma, puesto que se trata de una propuesta que vulnera un derecho primario y, de aprobarse, ocasionará la desaparición del sector algodonero español.

La Mesa quiere recordar que la aprobación de un sistema de desacoplamiento de las ayudas en el cultivo del algodón provocaría en un plazo máximo de 2 años la desaparición de este cultivo mediterráneo y tradicional del que España es el único país productor de la UE junto con Grecia, la pérdida de las 90.000 hectáreas actualmente dedicadas al algodón ante la dificultad de cultivar productos alternativos donde ahora se siembra algodón, la destrucción de más de 1 millón de jornales y de unos 2.000 empleos de la industria desmotadora, el desmantelamiento de toda la actividad económica y del tejido empresarial vinculado con el sector algodonero, y unas pérdidas económicas estimadas en 900 millones de euros al año.