22 de marzo de 2004. ASAJA de Castilla y León advierte de la amenaza que para la continuidad del cultivo de la remolacha en la región supondría la aprobación de la propuesta de la Comisión Europea para reformar la Organización Común del Mercado del Azúcar, reforma que supondría recortar en un 40 por ciento los precios percibidos por esta producción.

En concreto, eliminar el actual sistema de cuotas y de garantía de precios supondría para Castilla y León una pérdida por campaña de unos 77 millones de euros. Teniendo en cuenta que existen cerca de 15.000 cultivadores en la Comunidad Autónoma, que se reparten 4 millones de toneladas en una superficie aproximada de 50.000 hectáreas, una explotación media (unas 266 toneladas) tendría cada año pérdidas de 5.123 euros (más de 850.000 pesetas). “Es decir, el productor percibiría casi 20 euros menos por tonelada, cantidad que no sólo recortaría los beneficios, es que pondría seriamente en peligro la viabilidad del cultivo, ya que dejaría de ser rentable producir remolacha con los costes actuales”, subraya ASAJA.

La postura que en estos momentos defiende el presidente de ASAJA de Castilla y León, en la reunión convocada por el consejero de Agricultura, José Valín, es que se mantenga el actual sistema de cuotas por países y garantía de precios, y no sólo durante el periodo de vigencia de la OCM actual, hasta 2006.

A la organización agraria no le convencen los argumentos de Franz Fischler, respecto a los excedentes de azúcar que existen en la Unión. Primero, porque esos excedentes no obedecen a la producción europea, sino a la importación de azúcar de fuera, obligada por acuerdos internacionales. En segundo lugar, precisamente España es deficitaria en producción de azúcar: en todo caso, les tocaría “mover ficha” a esos países de la UE que producen por encima de su consumo, y que cuentan con cuotas de exportación.

De cualquier forma, ASAJA considera que España y la UE deben negociar con más cautela que en ocasiones anteriores, para que no se repita lo ocurrido en Cancún, cuando Bruselas se esforzó por reformar la Agenda 2000 para que Europa fuera con los deberes hechos, antes de tener garantías de que el resto de países hiciera lo mismo.

Por último, no puede ignorarse que el sistema actual de cuotas y precios es neutro para el presupuesto comunitario, y que una modificación supondría que había que compensar a los agricultores por la consiguiente reducción de precios, lo que implicaría un retoque financiero que afectaría al presupuesto agrario global.

ASAJA pide que la Consejería, con el respaldo de la Junta de Castilla y León, asuma un compromiso total con el sector remolachero, y ponga en marcha sus resortes de presión políticos, sociales y económicos para que el Estado español defienda las tesis de nuestra región ante la Unión Europea, sin olvidar que, hoy por hoy, no existen alternativas de cultivo que ofrezcan una rentabilidad similar a la remolacha. Para la OPA, es lo menos que se merece este sector, tras los enormes esfuerzos realizados para alcanzar niveles óptimos de producción y calidad y de asumir una cruda reestructuración industrial.