Toledo, 7 de mayo de 2004.- COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha se felicita por la aprobación en las Cortes Regionales de la Ley de Explotación Agraria y Desarrollo Rural y considera que obtener la calificación de explotación prioritaria, preferente o singular conllevará una discriminación positiva y, en consecuencia, aconseja a aquellos agricultores y ganaderos que estén en disposición de cumplir las condiciones exigidas que soliciten a la Administración su inclusión en el correspondiente Registro que a tal efecto va a crearse.

Hace casi dos años que surgió esta iniciativa legislativa, en buen parte a raíz de las propuestas presentadas por COAG-IR para contar tanto a nivel estatal como a nivel Autonómico con Leyes que orientaran la política agraria nacional y no estar únicamente sometidos a los dictados y presupuestos de la Unión Europea y que definiera el modelo de explotación agraria que se iba a proteger de manera preferente.

COAG-IR considera importante en esta nueva Ley el hecho de que el Gobierno de la Región seleccione con criterios de profesionalidad y con criterios sociales cual es el tipo de agricultor y de explotación en el que se van a concentrar los apoyos públicos que sean del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma. No obstante considera también que dicho objetivo queda un tanto difuminado al establecer una abanico tan amplio de criterios de calificación. COAG-Iniciativa Rural hubiera preferido, y así lo ha expresado a lo largo de las reuniones de trabajo celebradas acerca de la Ley, que la selección se hubiera basado fundamentalmente en la vinculación profesional del titular de la explotación con la actividad agraria. En definitiva que las ayudas de la Administración, la asignación de derechos de producción, de prima o de agua, o cualquier otro mecanismo de apoyo se concentrara sobre todo en los agricultores profesionales y que viven fundamentalmente del trabajo en su explotación.

COAG-Iniciativa Rural, en particular teniendo en cuenta la complejidad administrativa y el cambio del sistema de ayudas que implica la Reforma de la PAC que se pondrá en marcha a partir del 2006, espera que esta Ley sirva para solventar a los agricultores prioritarios, de la manera más rápida y satisfactoria posible, las innumerables incidencias que, sin duda, van a surgir en el establecimiento de los derechos de pago único desacoplado. Así mismo estima que sería necesario que la nueva Ley sirviera para que la Administración Regional se dote de los medios necesarios a fin de que aquellas explotaciones agrarias que alcancen la calificación de prioritaria, preferente o singular, sean las primeras en ser atendidas en la resolución de expedientes y en los pagos.

Por último, COAG-Iniciativa Rural reconoce a la Administración Regional la voluntad política de, en palabras de la Consejera de Agricultura Mercedes Gómez, “garantizar las rentas de los que más aportan al medio rural”. No obstante, confía que esa voluntad política se vea respaldada por líneas regionales específicas de ayuda y por los presupuestos necesarios y suficientes para ponerlas en marcha.