Cáceres a 21 de junio de 2004.

¿Qué tendrá la nueva Ley de Prevención de Incendios Forestales, que todos los sectores implicados la critican?.

Es de lógica pensar que la Ley debía haber sido revisada, ante los argumentos del Consejo Económico y Social de Extremadura, de las Organizaciones Profesionales Agrarias que representan a los propietarios forestales y hasta del Colegio de Ingenieros Forestales.

Pero no, acaba de ser aprobada por la Asamblea de Extremadura con los votos favorables del PSOE, los votos en contra del PP y la abstención de IU. Tanto voto para tanto despropósito.

La nueva Ley sume en una indefensión total al propietario forestal y agrícola al hacerlo cargar con toda la responsabilidad de los incendios y revertirle el coste de la extinción de los mismos mediante una tasa, como si diera por sentado que es el propietario quien quema su propiedad.

Ahora bien, la cosa cambia si el propietario presenta un Plan de Prevención de Incendios para su explotación. Sin embargo, ya se ha advertido desde la Consejería de Desarrollo Rural, que estos Planes deberán tener un estudio de impacto ambiental previo que, por cierto, no son competencia de esta Consejería, sino de la de Agricultura y Medio Ambiente.

Así pues, tendremos a dos Consejerías distintas tramitando la documentación del Plan de Prevención de Incendios. La aprobación de este Plan, tiene visos de eternizarse. La media de resolución de un estudio de impacto ambiental de los que llamamos simplificados, es decir, que afecta a un trabajo habitual y “normal” dentro de una explotación, es de 3 meses. Si pasamos a una forestación o a algo más complejo, hay algunos que llevan dos años sin resolver. Imaginemos si el estudio de impacto ambiental corresponde a todo un Plan de Prevención de Incendios, que implica un tratamiento integral de la explotación. No podemos creer que estos se resuelvan en 15 días, como aseguran desde la Consejería de Desarrollo Rural.

En definitiva, como dice el refrán “del dicho al hecho, va un gran trecho” y este “trecho” tendremos que sufrirlo como siempre los titulares de explotaciones agrarias y forestales. Podremos presentar el Plan, pero ¿lo tendremos a tiempo para evitar el incendio y la aplicación de la tasa?.

Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿Cómo se coordinarán ambas Consejerías para poder realizar este trámite en sólo 15 días? ¿ Se dispondrá de más personal o bien, se tendrán que paralizar otros estudios de impacto ambiental que están a la espera de ser resueltos, para darles prioridad a aquellos? ¿Cómo es posible que se gestionen estos Planes y en general lo relacionado con los incendios desde Desarrollo Rural, cuando el Servicio Forestal y el Servicio de Protección Medioambiental, con todos sus técnicos y guarderías, están en la Consejería de Medio Ambiente?

No entendemos que se dependa de dos Consejerías y de no sabemos cuantos Servicios sólo para aprobar el Plan de Prevención de Incendios, si ya en los incendios del verano pasado la falta de coordinación fue la tónica general y el propio Consejero Iniesta pregona que una mejor coordinación fomentará un mejor tratamiento en la extinción de incendios.

Y esto no se solucionará poniendo cámaras en el bosque, como dice, muy orgulloso, el Sr. Iniesta.

Para una mayor coordinación y una mayor efectividad, volvemos a pedir al Presidente Ibarra, que la prevención y extinción de incendios vuelva a la Consejería de Agricultura, donde se encuentran los medios humanos que siempre han trabajado en esta labor.

Angel García Blanco
Presidente de Asaja Extremadura