El nuevo Reglamento de Desarrollo Rural, que desde hace meses se elabora en Bruselas y cuya propuesta fue presentada ayer en el Consejo de Ministros de Agricultura propone, entre otras modificaciones, reducir drásticamente las zonas que reciben la ayuda a zonas desfavorecida, que en Castilla y León perciben 33.931 explotaciones agrícolas y ganaderas.

Hasta ahora, los requisitos básicos para recibir este apoyo –cuya cuantía media es de unos 800 euros por explotación– son estar ubicada en zona de montaña, prioridad que permanecería con el nuevo reglamento, y/o en un área despoblada, criterio por el que la mayor parte del territorio de Castilla y León está actualmente recibiendo esta ayuda. Sin embargo, según el documento sobre el que está trabajando la Comisión Europea, la despoblación desaparecería como criterio básico, siendo sustituido por otros meramente productivos, que excluirían a todas las zonas cuyos rendimientos agrícolas superaran un índice establecido a partir de la media de la Unión Europea de los 25 (por lo que quedarían fuera varias comarcas de Castilla y León), así como a todas las áreas de regadío.

En total, según los cálculos de ASAJA de Castilla y León, cerca más del 37 por ciento de la superficie agrícola de Castilla y León quedaría excluida, lo que significaría que nuestra Comunidad Autónoma perdería cerca de 10 millones de euros cada año. Pero no se trata sólo del obvio recorte económico que supondría para miles de explotaciones de la región: la catalogación de zona desfavorecida es determinante a la hora de recibir complementos en ayudas como la de incorporación de jóvenes agricultores o la de modernización de explotaciones, entre otras, y también se considera en otros capítulos, fiscales o de otra índole.

ASAJA considera que sería injusto no tener en cuenta el criterio de la despoblación, especialmente en un territorio como el nuestro donde las densidades poblacionales están ya por debajo del límite de lo sostenible. “Además, atender sólo a criterios productivos, y dar la espalda al medio rural, iría en contra de todo lo que hasta ahora se ha pretendido lograr con la política comunitaria”, recalca ASAJA, que añade que sería absurdo eliminar una ayuda que directamente llega al corazón de los pueblos, a los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería, justo en un momento en el que administraciones y políticos luchan por hallar el “huevo de colón” que permita remontar el índice de población rural en nuestra región.

Curiosamente, y a pesar de la trascendencia de un cambio que supondría un vuelco en los criterios hasta ahora mantenidos en la política de desarrollo rural europea, este tema está pasando prácticamente desapercibido; sólo ayer, tras el Consejo de Ministros de la UE, Elena Espinosa hizo un comentario en este sentido, solicitando la incorporación de los criterios socioeconómicos, en particular el despoblamiento, para las zonas desfavorecidas, tal como se recoge en la nota divulgada por el Ministerio de Agricultura.