Dentro de los distintos encuentros que se están mantenido para analizar la proposición del Ley del Partido Popular destinada a iniciar el proceso de regularización de explotaciones ganaderas en cascos urbanos, representantes de COAG Castilla y León (UCCL – COAG) se han reunido en la mañana de hoy con responsables de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Desde esta Organización se ha transmitido la necesidad de que todas las corporaciones municipales de la región sean lo más sensibles posibles con los ganaderos afectados a la hora de proceder a iniciar este proceso que permita solucionar, de una vez por todas, la situación alegal de más de 25.000 explotaciones en toda la región. En este sentido, y ahora que tanto se está hablando de la lucha contra la despoblación, es evidente que la regularización de estas granjas es un factor determinante a la hora de posibilitar el mantenimiento de una actividad, la ganadera, que tiene unos marcados tintes de tradición cultural sin olvidar que genera una importante demanda de mano de obra y, por tanto, facilita la fijación de población en unas zonas tan deprimidas como las rurales.

Otra de las propuestas que desde COAG Castilla y León (UCCL – COAG) se han expuesto en esta reunión es la creación de una mesa de seguimiento de todo este procedimiento de regularización de la que formen parte las Organizaciones Agrarias, las distintas Consejerías implicadas en el tema y la propia Federación Regional de Municipios y Provincias. En ese foro se deben estudiar el número de solicitudes presentadas, las denegaciones que se produzcan, el por qué de estas negativas… para tratar de homogeneizar, lo máximo posible dentro de la dificultad que entraña, el citado proceso.

Por último, desde esta Organización se ha demandando a los representantes de los municipios de la región que todos los ayuntamientos se doten de cuantos recursos tanto materiales como humanos sean necesarios para facilitar a los ganaderos la legalización de sus explotaciones, pues no hay que olvidar que, aunque desde el Gobierno regional regule este asunto a través de una Ley, son las citadas corporaciones son las que tienen la última palabra a la hora de aprobar o no las solicitudes de regularización que se presenten

Valladolid, 31 de Marzo de 2005