La Federación de Arroceros de Sevilla cree que la decisión de la Unión Europea de no revisar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha sido la moneda de cambio para renovar el Diploma de Calidad a Doñana que se pondría en peligro si el Ejecutivo Comunitario entendiera que el dragado del río tendría afecciones sobre el espacio natural. Explican que en el caso de haber sido admitida la reclamación planteada por los ecologistas, España tendría que haber hecho frente a una sanción económica.

La Federación de Arroceros de Sevilla se mantiene en su actitud de rechazo al dragado del Guadalquivir ya que esta obra de aumento del calado de 6,5 a 8 metros de profundidad contribuiría a aumentar la salinidad en el agua de riego y provocaría una mayor intrusión en el tapón salino en un momento en el que la cuenca del Guadalquivir está padeciendo el año mas seco de las últimas tres décadas, según la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que durante la Comisión de Desembalse celebrada esta semana ya ha solicitado “eficacia y cautela” en el riego ante la escasez de precipitaciones que han caracterizado el año.

La Federación de Arroceros ha recordado que el aumento de los niveles de sal de 2,5 por ciento tras las obras de mayor calado del río, -argumento esgrimido por la Autoridad Portuaria-, es errónea, ya que toman como una situación normal el estado actual de estuario. El sector reitera que la salinidad subirá un 2,5 por ciento sobre un 124% que ya ha aumentado en los últimos 20 años desde que se suprimió en 1983 la barra denominada “Barra de Arena” de Sanlúcar de Barrameda al dragar el río en su desembocadura.

Desde el primer momento el sector arrocero ha planteado una búsqueda de alternativas al dragado del río que minimicen su impacto medioambiental, ya que la obra tal y como está planteada, supondría la ruina de un sector económico del que viven 6.000 familias, que con 36.000 hectáreas mueve un volumen de negocio de 96,16 millones de euros (16.000 millones de pesetas), genera 480 jornales directos. El cultivo representa la primera provincia productora de arroz a nivel nacional y constituye el eje vertebrador de la población de los municipios del entorno de Doñana. Es el hábitat de unas cien aves que visitan el Parque Natural y que se pueden cuantificar por miles. Y constituye, además, el sustento de otros sectores auxiliares como la industria aérea agrícola, cangrejera, etc.

Los arroceros han vuelto a recordar que las soluciones planteadas por la Autoridad Portuaria para frenar la intrusión del tapón salino, que consisten en aumentar el desembalse de agua (un 14,5 por ciento), es considerada inviable e injustificada por el sector en una cuenca deficitaria estructuralmente y con ciclos periódicos de sequía. Los arroceros destacan que se muestran solidarios ante los signos de sequía que muestra la cuenca, a un 61% de su capacidad, por lo que han reducido el ritmo de riego a cinco jornadas semanales y adelantan a un mes las restricciones del riego a las que el sector venía contribuyendo en años anteriores.

El sector lamenta que frente a la política de ahorro de agua que se está reclamando por parte de diferentes organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Sevilla siga apostando por grandes obras de dudosa rentabilidad.

El sector arrocero que ya presentó alegaciones a esta obra en cuatro Direcciones Generales de la Comisión Europea (Agricultura, Medio Ambiente, Fomento y Transportes), no descarta realizar cuantas acciones legales sean necesarias, incluso acudir al Tribunal de Luxemburgo, con el objetivo de que los agricultores no pierdan su derecho a regar con un agua de calidad.

Piden a la Consejería de Medio Ambiente que se pronuncie

Los productores de arroz de Sevilla pedirán a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se pronuncie abiertamente sobre la obra del dragado del río ante una política de mayor consumo que plantea la Autoridad Portuaria.