Un año después las soluciones y las ayudas continúan sin llegar a la docena de municipios que perdieron más de 35.000 hectáreas en el peor incendio de la historia reciente de Andalucía. Los afectados de los doce municipios de Huelva y Sevilla que perdieron su medio de vida aún están pendientes de recibir la mayor parte de las ayudas que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía les prometieron. Un año después, poco o nada se ha hecho para paliar las condiciones en que han quedado los más de 350 agricultores, ganaderos, apicultores y empresarios forestales y cinegéticos que vivían de la gestión de las 30.000 hectáreas calcinadas.

El Gobierno español, secundado por el Ejecutivo andaluz, trata a los andaluces afectados por los incendios forestales como españoles de segunda. Esta es la conclusión a la que llega ASAJA-Sevilla tras observar la desidia y el desinterés con que la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente han abordado el problema generado por el incendio de Riotinto.

Así, la prioridad de la Consejería de Medio Ambiente fue la de evitar a toda costa que el fuego afectase sus máximos responsables, por lo que además de rebajar considerablemente el número de hectáreas afectadas (8.000 hectáreas calcinadas desaparecen de las estadísticas de la Consejería, que rebaja la cifra a 27.000), montaron una campaña mediática para minimizar el incendio y sus consecuencias y tacharon de ignorantes a quienes entonces pedimos la declaración de zona catastrófica, figura que calificaron de obsoleta, y que ahora el presidente Zapatero se ha apresurado a conceder a la comarca incendiada en Guadalajara.

Si el área afectada por el incendio de Riotinto se hubiera declarado zona catastrófica, es muy probable que hoy, un año después los afectados hubieran recibido la mayor parte de las ayudas, se les hubiera eximido de pago de impuestos y hubieran contado con medios y ayuda para rehacer su vida.

Sin embargo, hasta la fecha la mayor parte de los afectados no han podido reconstruir las infraestructuras e instalaciones que el fuego calcinó, no han recibido indemnización por el ganado que pereció carbonizado, no han contado con la línea de créditos blandos que se les prometió, han seguido pagando todo tipo de tasas e impuestos, pues al no haberse aceptado la declaración de zona catastrófica, la administración parece ignorar que su actividad económica ha quedado paralizada tras el siniestro, y lo que es más grave, están siendo presionados y amenazados por la Consejería de Medio Ambiente para firmar un convenio que supone una expropiación de hecho de sus tierras que les impide desarrollar cualquier actividad agroganadera o cinegética.

Por ello, un año después ASAJA-Sevilla exige al Gobierno Central y la Junta que «rectifiquen» y declaren zona catastrófica las hectáreas afectadas por el incendio de Riotinto el pasado verano, y de lo contrario, expliquen sus criterios si no acceden a efectuar dicha declaración, porque están confundiendo a la sociedad al ver que ante un mismo drama no se trata a todos por igual».