Nadie puede estar en contra de que España se sume al liderazgo de la lucha contra la pobreza. Se hace necesario el desarrollo de políticas y programas macroeconómicos, estructurales y sociales para fomentar un crecimiento generalizado y reducir la pobreza, así como establecer las fuentes de financiación externa.

Ahora bien, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero coloque la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo en lugar destacado de la agenda política –como ha subrayado la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín- no debe suponer un perjuicio para los intereses generales del Estado, ni para los agricultores ni la economía de las zonas rurales.

Digo esto porque, al parecer, la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de España ha emitido una nota sobre la financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo en la que se apuesta por que sea la Política Agraria Comunitaria (PAC) la que cubra los fondos necesarios para alcanzar el montante de los objetivos del milenio para luchar contra la pobreza, lo que supone unos 50.000 millones de dólares al año.

España es el segundo preceptor de fondos de la PAC con unos retornos de casi 6.350 millones de euros, por lo que sería uno de los principales afectados por nuestra propia propuesta. No se dice quien pagaría esta aportación pero tememos que recaiga sobre el colectivo de agricultores y ganaderos porque una vez más se cuestiona la Única Política Común de la Unión Europea, acercándose a las posturas de los que propugnan la eliminación de la PAC.

Es cuanto menos sorprendente que el Gobierno de Rodríguez Zapatero realice esas acusaciones a la PAC lo que denota un desconocimiento absoluto de la misma. Conviene, por tanto, matizar algunos ataques que están basados en argumentos anclados en el pasado
Antes de nuestra entrada en la Unión Europea, la agricultura representaba el 85% del presupuesto de la UE. Hoy en día es un 48% y en 2013 será de un 34%. Para ser la Única Política Común de la UE no parece tanto, teniendo en cuenta que estamos hablando de 50 millones de agricultores, de toda la industria inducida,y del 90 por ciento del territorio dela Unión Europea.
El presupuesto agrario representa menos del 0,5 por ciento del PIB de la UE. Con este dinero, además de garantizar una renta mínima al agricultor, se desarrollan políticas de desarrollo rural, bienestar animal, respeto medioambiental y protección del ecosistema. Sería un disparate considerar que esto es mucho máxime cando en octubre de 2002 se decidió congelar el presupuesto agrario hasta 2012, lo que en realidad es una reducción ya que debemos asumir el coste de la ampliación.

Además, las llamadas “ayudas” son consecuencia de una compensación por la bajada de los precios de intervención en 1992. Esta compensación es parcial y desde la reforma de 2003 están desligadas del precio o de la producción, por lo que no distorsionan los mercados. Otras potencias como USA ha hecho lo contrario. De hecho, un agricultor norteamericano recibe de media tres veces más ayudas que uno europeo.
En cuanto a la situación de la agricultura europea en el contexto mundial decir que el precio de los productos agrarios no los marca la UE, sino EE.UU., en Chicago, y que Europa es la principal importadora de productos agrarios y en especial procedentes de los países en vía de desarrollo. Más del 80 por ciento de sus exportaciones tienen como destino la Unión Europea.

Por tanto, no queramos desnudar a un santo para vestir a otro. La lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo rural es una cosa y la Política Agraria Común es otra. El compromiso de los países más ricos para combatir la pobreza debe ser firme. Deben habilitarse políticas de cooperación al desarrollo que rentabilicen los recursos existentes en los países menos desarrollados. Y para eso mucho tienen que cambiar los organismos internacionales. Por su parte, la PAC, que es la única política común de la Unión Europea, sigue dando sus frutos a pesar de los efectos de mayor impacto de las modificaciones de la PAC después de 2003. El objetivo del Gobierno de España debería centrarse en buscar los mecanismos necesarios para garantizar la economía rural en vez de propiciar un desmantelamiento de la PAC.

Así las cosas, mucho nos tememos que la posición negociadora del Ministerio de Agricultura se desvanezca en las próximas negociaciones de la Ronda Doha dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se recorrerá en Hong Kong entre el 13 y el 17 de diciembre próximo, con el propósito del comisario de Asuntos Comerciales, Peter Mandelson, de desmantelar la PAC.

Desde ASAJA de Castilla-La Mancha exigimos a la ministra Espinosa que se oponga a cualquier pretensión de rebajar las propuestas en el capítulo agrario a cambio de obtener beneficios en otras materias, como ya ha anunciado repetidas veces el Sr. Mandelson, y que considere la agricultura como una cuestión de estado.

La situación actual del campo es crítica, a los efectos de la sequía se une el encarecimiento del gasóleo y la bajada de los precios agrícolas. Existen razones más que justificadas para que el sector agraria levante la voz porque tampoco las perspectivas en materia de política agraria auguran un futuro mejor.