Los ganaderos cacereños de vacuno venimos sufriendo, desde hace unos meses, el acoso de la Administración responsable de las campañas de inmunización contra la brucelosis, realizadas en condiciones que ponen en peligro no sólo la sanidad animal, sino incluso la salud humana. Pretenden imponernos el uso (AL MARGEN de las condiciones establecidas LEGALMENTE por la Agencia del Medicamento), de la vacuna “RB 51”, inyectándola a todas las reses hembras adultas, incluidas las preñadas, PESE A LA PROHIBICIÓN EXPRESA que contiene el propio prospecto vacunal, aprobado en el seno del mismo expediente que autorizó dicho medicamento veterinario.

La forma de su administración en Extremadura, desde el principio, vino acompañada de grandes dificultades para el conocimiento de las características precisas de lo que se inoculaba a nuestro ganado. Los veterinarios de la empresa pública “TRAGSEGA” (grupo “TRAGSA”), a la que la Junta de Extremadura encomendó la campaña, ni proporcionaban el prospecto vacunal a los propietarios de las reses, pese a las reiteradas peticiones en este sentido ni, lo que es mucho más grave, extendían la preceptiva receta para su dispensación. Ello representa una conducta que entendemos incluida en lo que califica como infracción grave el artículo 108 de la ley 25/1990 del Medicamento.

Máxima importancia adquiere la irregularidad por que, además de tratarse de un medicamento inyectable, es inmunológico y, encontrándose dentro de los cinco primeros años desde su autorización (año 2002), el más elemental sentido de la prudencia y la vigilancia de sus efectos adversos exigen la preceptiva prescripción veterinaria, conforme ordena, entre otras normas, el artículo 67 de la Directiva 2001/82, y confirma la Directiva 2004/28 (directamente aplicable ante la ausencia de trasposición por parte de las autoridades españolas). No se ha entregado el ejemplar correspondiente de la receta al ganadero, ignoramos si por su no extensión (tal vez por el temor al reconocimiento de la conducta al margen de la legalidad, que la vacunación de las hembras gestantes conlleva, con el aborto masivo) o por otra causa.

Agotadas las vías de diálogo con la Junta de Extremadura, denunciamos ante la misma administración autonómica y la General del Estado, las actuaciones incumplidoras de la normativa vigente, sin mucha esperanza ante la coincidencia del papel de denunciado y decisor en el mismo órgano.

La respuesta, a las pocas semanas, fue la inmovilización de las explotaciones de quienes nos negamos a ser co-responsables de vacunar contra lo autorizado. Esgrime la Junta un simple oficio, que no resolución, y que es respuesta a una consulta hecha a la Agencia del Medicamento, del Ministerio de Sanidad y Consumo. En esa opinión de la Agencia, despreciando todo el procedimiento administrativo para modificar las condiciones de autorización del medicamento, (garantía de publicidad y transparencia de su actuación) dicho organismo trata de trasladar a la decisión del veterinario ejerciente lo que el ordenamiento sujeta inexcusablemente a lo autorizado previamente por la misma Agencia, de manera reglada, conforme a la vigente ley del Medicamento.

De nada sirvieron las advertencias que hicimos (en la denuncia de los hechos ante la propia Junta) del cambio radical de criterio en la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE, antigua oficina internacional de epizootías). Su Manual ha pasado de no hallar problemas en el empleo de la vacuna (edición del año 2000, vigente en 2002, cuando se autorizó este medicamento a nivel comunitario) a advertir expresamente, en la 5ª edición, del año 2004, no sólo del peligro de vacunar hembras preñadas sino, lo que es muchísimo más grave, de los problemas que puede implicar para la SALUD HUMANA, pues la CEPA VIVA que se emplea en ella es RESISTENTE al tratamiento de elección de brucelosis en seres humanos (con los antibióticos rifampicina y penicilina) . Y lo que es peor: SE ADVIERTE EXPRESAMENTE EN EL PROPIO MANUAL ACTUALIZADO, QUE LA JUNTA PRETENDE IGNORAR, DEL ENORME RIESGO QUE ENTRAÑA EL QUE LA MAYORÍA DE LOS HOSPITALES CAREZCAN DEL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO EN CASO DE CONTAGIO AL HOMBRE.( Manual of Diagnostic Testsand Vaccines for Terrestrial Animals, 5th edition, chapter 2.3.1. “Bovine brucellosis, C. REQUIREMENTS FOR VACCINES AND DIAGNOSTIC BIOLOGICALS. C.2 vaccines, accesible en la dirección de internet http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_00052.htm).

En efecto, la falta de producción de anticuerpos por el empleo de esta cepa, aunque facilite la diferenciación de los animales vacunados y los no vacunados, PUEDE RETRASAR EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN EN LAS PERSONAS, por lo laborioso y mucho más lento de la detección del agente causal en el hombre. Ello, unido a la resistencia a los antibióticos de elección en el tratamiento, nos ha generado la lógica alarma, máxime cuando ya se han producido casos de fallecimiento por “meningitis inespecífica” entre la población humana de nuestra provincia. El hecho de que uno de los cuadros que produce el contagio con la bacteria viva empleada en la vacuna RB 51 sea la meningitis, y con respuesta serológica negativa, sin anticuerpos en el enfermo, nos ha llevado a agotar todas las vías legales para detener esta barbaridad.

Ante la ausencia de respuestas a nuestras reclamaciones, tanto por parte de las autoridades del Estado como de la Comunidad Autonoma de Extremadura, pese a hacerlas de manera razonada, incluso esgrimiendo argumentos de evidente lógica sanitaria y legal, acudimos en busca de asesoría al despacho de abogados “ARRIOLA GARROTE Y ASOCIADOS”, y procedimos, además de interponer las denuncias más arriba citadas, a querellarnos contra responsables de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Fruto de estas acciones judiciales ha sido la admisión a trámite de sendas QUERELLAS contra dos de estos funcionarios por presuntos delitos de PREVARICACIÓN, el pasado mes de octubre.

Encaramos un proceso que puede ser largo y, ya lo está siendo, muy costoso para nuestras economías, en manos de las decisiones de aquéllos contra los que incluso hemos tenido que llegar a litigar en la vía criminal. Nuestro ganado se está muriendo ante las pésimas condiciones en que la Consejería de Agricultura nos obliga a mantenerlo, por las inmovilizaciones.
Pero si las autoridades autonómicas de Extremadura han mostrado incomprensión, y persisten en su cerrazón a las argumentaciones, incluso procedentes del máximo órgano mundial de la sanidad animal (que de manera tan inquietante se ha pronunciado, y así se lo hemos hecho saber, citando las fuentes para su consulta directa) no podemos ni queremos consentir que la opinión pública ignore cómo se está conduciendo esa Consejería, en cuestión tan delicada.
Los principales interesados en la erradicación de esta enfermedad, no sólo económicamente, por nuestras explotaciones, sino por nuestra propia salud y la de nuestros hijos, somos nosotros. Bastaría que los responsables vacunaran con un pequeño incremento del gasto, diagnosticando la gestación de la vaca, para evitar los abortos, que ahora siembran de estos peligrosísimos gérmenes nuestros establos y campos. Eso exige la ley, y eso exigimos que se cumpla. Hubiera sido mucho más sencillo para nosotros aguantar y callar, aceptando las indemnizaciones que la normativa prevé para el caso de abortos. Podríamos seguir con nuestra actividad, aunque al precio de colaborar para ocultar estas imprudentes actuaciones. Pero el hecho de que nosotros y nuestras familias convivamos en el mismo entorno en que se está liberando esta cepa de un agente infeccioso vacunal, que tan delicado (pero no respetado) manejo exige, nos impide guardar silencio. La retirada de la vacuna en otros lugares del mundo, después de su prueba, como es el caso de Argentina, así como lo mismo acontecido en nuestro propio país (Cantabria, año 2004) no hace sino aumentar nuestro temor y honda preocupación.

Confiamos en que la sensatez y el respeto a la ley, a la que todos, Poderes Públicos y ciudadanos, estamos sujetos (artículo 9.1 de la Constitución) reconduzcan la situación a la normalidad que sólo la observancia de la legislación puede lograr.

Alagón, 5 de noviembre de 2005