18.nov.2005. En el Plan de Seguros para el próximo año, presentado recientemente en la Comisión General de ENESA, se comunicó al sector la decisión de reducir en 3 puntos porcentuales la subvención que el Ministerio de Agricultura destina a los seguros de retirada de cadáveres. Este descenso hay que unirlo a descensos acumulados de 9 puntos porcentuales que han tenido lugar desde el año 2001.

UPA ya anunció en el pasado que el sistema de seguros no es un mecanismo adecuado para la financiación de la retirada de cadáveres de las explotaciones, ya que una parte importante del coste se traslada a los ganaderos. Además, desde UPA siempre se ha considerado que se trata de un problema de salud pública que debe ser resuelto con medios y dinero público.

La implantación del seguro como medio de financiación supone además la privatización de los sistemas de recogida en la mayoría de los casos, con repercusiones importantes sobre la bioseguridad de las explotaciones y la sanidad animal.
Además, las diferencias existentes entre las Comunidades Autónomas, no sólo en coste, donde se llegan a registrar variaciones del 100% en algunos casos, sino también en servicio, la gestión autonómica ha provocado agravios comparativos muy importantes entre los ganaderos de los diferentes territorios.

En opinión de UPA resulta inadmisible la política del Ministerio de Agricultura basada en la reducción de la subvención para este tipo de “seguros”. En cuatro años se ha pasado del 50% al 38% de apoyo (que se propone para este año), es decir 12 puntos porcentuales de reducción. Lo más preocupante de la situación es que esta disminución es una tendencia a la baja en las subvenciones, a la que se unen la mayoría de las Comunidades Autónomas. Esto se traduce en un incremento en el coste del seguro para el ganadero que puede llegar a ser de un 100% en cuatro años.

Este problema ya fue anunciado por UPA, cuando se planteó el sistema de seguros para la gestión de la retirada de cadáveres, ya que preveíamos que con el paso del tiempo la financiación de este “seguro” recaería en los ganaderos.
Por tanto desde UPA exigimos al Ministerio que reconduzca su política en relación a la retirada de los cadáveres de las explotaciones, aspecto en que nuestros ganaderos están siendo los grandes perjudicados, tanto en lo que se refiere a la prestación del servicio como al coste.

UPA denuncia una vez más que conforme ha disminuido la presión mediática que originó la puesta en marcha de estos seguros, en plena crisis de las “vacas locas”, lo han hecho las subvenciones correspondientes, poniendo en serio peligro las pequeñas y medianas explotaciones familiares ganaderas.