Madrid, a 11 de octubre de 2006. Hace pocas fechas anunciaba nuestra Ministra de Agricultura que el Contrato Temporal de Explotaciones se incorporará en el proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible que a finales de octubre se presentará públicamente.

Gracias a la experiencia de los empresarios agrarios quienes saben desde hace tiempo que tienen una responsabilidad particular con respecto a la gestión de la naturaleza. Hoy día hay una gran conciencia social sobre la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales. Sin embargo, ello conlleva en ocasiones, a que nuestros conciudadanos y políticos, en su mayoría procedentes del “entorno urbano”, quieren establecer una protección de la biodiversidad basándose en una imagen que no corresponde a la realidad del medio rural.

Debemos ser realistas. El campo español no es una tierra virgen, es un entorno cambiante y moldeado y cuidado por aquellos que lo gestionan. Determinadas políticas y cambios de comportamientos, así como los cambios de cultivo y gestión, han ido reduciendo este impacto. Los recursos económicos del 90% del territorio protegido son producidos por explotaciones agropecuarias compuestas por actividades ganaderas, agrícolas, forestales, cinegéticas y turismo rural.

Desde el Grupo de Empresas Agrarias de España hemos propuesto al MAPA la incorporación de los contratos territoriales voluntarios de explotación para los titulares de derechos afectados por Red Natura 2000.

Estos contratos deberán contener:

1.- Una gestión intergeneracional que prevea los efectos sobre el medio ambiente a largo plazo.

2.- Un enfoque basado en la ciencia que no permita que el campo se convierta simplemente en el lugar de refugio de la sociedad moderna.

3.- Una participación voluntaria de los gestores rurales en la reducción del impacto medioambiental.

4.- Una aplicación del principio de proporcionalidad que requiera que las dificultades estén adaptadas al beneficio potencial para la sociedad y a la capacidad de las actividades rurales para llevar a cabo esta adaptación.

5.- Un enfoque descentralizado que permita a los instrumentos del mercado responder a los problemas medioambientales.

6.- Una verdadera valoración del derecho de propiedad y las responsabilidades asociadas al mismo, que hasta la fecha se ha manifestado como el mejor instrumento para la protección del Medio Ambiente.

Desde GEA-Nacional pensamos que la Red Natura 2000 es positiva y se hace necesario que la biodiversidad se integre en la vida de los empresarios agrarios. Así lo refleja el Reglamento FEADER Nº 1698/2005, de aplicación 2007-2013, en su Eje 2 recoge las ayudas Red Natura 2000 que irán destinadas para indemnizar a los titulares de la tierra, los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que supone la aplicación del PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión).

Estos pagos serán por cinco años y oscilarán entre50, 200 y 500 Euros/Hectárea de SAU (superficie agraria útil).

Nuestro Gobierno debe aceptar los beneficios que se deriven de la gestión privada del medio ambiente. Esta gestión privada puede y debe combinarse con la necesaria protección pública, sin buscar en ningún momento la inútil rivalidad entre los dos sectores, como algunos desgraciadamente desean. Ambos son perfectamente complementarios.

Si esta complementariedad no se produce, estaremos ante una elección política de nefastas consecuencias para el hombre y el medio ambiente.