6 de marzo de 2007. La organización UPA considera contradictorio y sorprendente que se estén talando grandes masas forestales en Castilla y León para convertir muchos terrenos en urbanizaciones de lujo, mientras que por otro lado a los agricultores se les va a obligar este mismo año a `plantar o mantener´ árboles para cumplir la normativa medioambiental.

Esta situación resulta perpleja si tenemos en cuenta que desde este año la condicionalidad de la PAC va a ser aún más exigente para los agricultores de Castilla y León en materia medioambiental, y prueba de ello es que para esta misma campaña obligan a plantar o `mantener´ un árbol por cada hectárea de cultivo declarada en la solicitud de la PAC.

Sin embargo la política del ladrillo que está sufriendo nuestra comunidad autónoma, no sólo no tiene en cuenta ninguna protección con zonas de alto valor medioambiental, sino que responde a intereses económicos especulativos
que son un auténtico despropósito y agresión al medio natural. Incluso para ello algún alto cargo de la Junta de Castilla y León ha tenido que presionar a los técnicos para modificar los dictámenes medioambientales, como en el caso del municipio abulense de Las Navas del Marqués.

En este sentido UPA se pregunta a qué responden tantas restricciones y obligaciones aplicables a los profesionales del sector agrario, mientras las macrourbanizaciones de fin de semana en núcleos rurales no sólo no aportan ningún beneficio en los municipios donde se enclavan, sino que suponen una tara añadida. Además de cuantiosos daños medioambientales, generan en muchos casos problemas añadidos como por ejemplo el uso de agua destinado a regar los campos de golf en esas zonas de lujo.

Los hechos demuestran que las macrourbanizaciones que cuentan con el visto bueno de la Administración regional enclavadas en muchos casos en zonas medioambientales sensibles, no reportan beneficio alguno al medio rural porque no generan actividad económica en los municipios. Sin embargo los habitantes de esos pueblos castellanoleoneses que viven los 365 días del año no sólo se ven privados de servicios fundamentales en materia de sanidad, educación o infraestructuras, sino que comprueban sorprendidos los beneficios que se les presta a los `urbanitas´ de fin de semana, con el beneplácito de los más altos responsables de la Junta de Castilla y León.