Valencia, 8 de marzo de 2007. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación de Pozos de Riegos y Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana instan a todos los agricultores y regantes valencianos que han sufrido robos en sus instalaciones y pozos de riego que interpongan reclamaciones patrimoniales contra la Administración del Estado por no establecer las necesarias medidas de protección y vigilancia en el campo.
La Asociación de Pozos, vinculada a AVA-ASAJA, aprobó esta iniciativa por unanimidad durante la Junta General celebrada ayer en la sede de la organización agraria. Asimismo, AVA-ASAJA ofrece sus servicios jurídicos para interponer dichas reclamaciones patrimoniales al Gobierno central.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denunció que “el Estado no está cumpliendo con su deber de controlar y vigilar el campo”. “Con su enorme pasividad en la lacra social de la inseguridad, nuestros gobernantes están permitiendo un aumento de la delincuencia y deben asumir sus responsabilidades indemnizando los daños sufridos”.
AVA-ASAJA basa este tipo de indemnización en el artículo 106.2 de la Constitución Española, el cual establece que los ciudadanos “tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
En este sentido, Aguado señaló que “del mismo modo que un Ayuntamiento es responsable por los daños que sufra una persona debido al funcionamiento normal o anormal de un servicio público, el Estado también es responsable por no mantener un adecuado servicio de seguridad pública”.
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