El Sistema de Información Geográfica oleícola, implantado en su día con un coste muy alto para controlar las ya desaparecidas ayudas a la producción del aceite de oliva, se mantiene hoy en día con la obligación de disponer de las coordenadas de cada olivo. En la práctica, esta exigencia, que conlleva una carga de gestión abrumadora, solo se aplica en España, que es el único país que concede ayuda acoplada al olivar, porque la Comisión Europea ya simplificó la gestión del pago único en el olivar ampliando la admisibilidad a todas las superficies, con independencia de su año de plantación y de la densidad de olivos y su evolución. En la ayuda acoplada la normativa comunitaria obliga todavía a utilizar la llamada hectárea-SIG, en la que influyen la posición de los árboles.
En el ejercicio de simplificación de la PAC en curso tampoco se ha planteado hacer más llevadero el sistema, aproximándolo al vigente en otros cultivos leñosos, como la ayuda específica de los frutos secos (en la que basta con disponer del número de árboles por hectárea, sin calcular las coordenadas de cada pie), o como los registros vitícolas (que tampoco exigen las coordenadas de cada vid).
Hay diversas interpretaciones para esta situación, desde los que entienden que de este modo la UE presiona a España para que desacople totalmente la ayuda al olivar, hasta los que lo atribuyen a la inercia. Mientras, en España ya se está utilizando esta complejidad administrativa para volver a reclamar el desacoplamiento total de la ayuda al olivar, lo que de plantearse oficialmente puede reabrir los conflictos entre zonas de altos y bajos rendimientos, en esta ocasión por el período de referencia para el cálculo de los derechos de pago único que resultarían.
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