ASAJA y UPA, asociaciones mayoritarias en el sector, pretenden que los 72 millones de euros de la parte de la ayuda que ahora permanece acoplada no se queden en Bruselas y lleguen a los agricultores de las comarcas productoras

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- Andalucía, principal región productora de algodón de España, ha perdido en sólo tres campañas el 65% de su producción, pasando de las 347.000 toneladas que se recolectaron en 2004 a las 130.000 que se han recolectado en 2007.

De nada ha servido la sentencia del Tribunal de Luxemburgo declarando nula la reforma por falta de estudios de impacto, de nada han servido las continuas peticiones a Bruselas del sector algodonero español instando a la vuelta al régimen vigente hasta 2005, en el que los algodoneros percibían la ayuda en función de los kilos producidos. La Comisión Europea, con el apoyo de Grecia, que tiene el 70% de la producción de algodón de la UE, insiste en mantener el desacoplamiento parcial de las ayudas, de manera que, al igual que ha ocurrido en las dos últimas campañas, un 65% de los pagos estén desligados de la siembra de algodón, lo que otorga libertad al productor para sembrar otros cultivos alternativos, mientras que para percibir el 35% restante (el pago acoplado) es necesario plantar algodón.

Este sistema se muestra totalmente ineficaz para el mantenimiento del algodón debido a las peculiaridades que presenta el cultivo (elevado empleo de mano de obra, costes altos, elevada volatilidad de los precios mundiales, etc.), por lo que provocará inexorablemente su desaparición, y la consecuente pérdida del presupuesto acoplado, que se quedará en las arcas de Bruselas si no se siembra algodón.

ASAJA y UPA, en representación mayoritaria de los algodoneros españoles, exigen que, si no se vuelve al sistema anterior de ayuda a la producción, se aplique a este cultivo, ya para la próxima campaña, el desacoplamiento del 100% de las ayudas, evitando con ello que se pierda parte del presupuesto comunitario destinado al algodón español, tal como ha ocurrido en las dos últimas campañas, en las que se han quedado en las arcas comunitarias 8 millones de euros en 2006, y según los últimos datos del MAPA, alrededor de 10 millones en la campaña de 2007. El desacoplamiento pleno de las ayudas es el único sistema que garantiza que todo el montante presupuestado en Bruselas para el algodón español se quede en nuestro país y lo perciban todos los algodoneros dentro del nuevo sistema de Pago Único.

Ambas organizaciones agrarias han instado al Ministerio de Agricultura y a la Consejería andaluza de Agricultura a que soliciten en Bruselas el desacoplamiento pleno e inmediato de las ayudas al algodón, única vía para evitar que el sector algodonero pierda los 72 millones de euros que permanecerán en las arcas comunitarias tras la desaparición del cultivo.

ASAJA y UPA reiteran que el desacoplamiento pleno es la única forma de que los agricultores reciban todo el dinero que antes les venía por otra vía y tengan tiempo para reconvertir su explotación y dedicarla a algún otro cultivo que les pueda resultar más rentable. ASAJA y UPA apoyan el mantenimiento de un sector competitivo del algodón, basado principalmente en la producción de calidad de fibra larga, con mayor valor añadido, pero con un nicho de mercado más reducido, lo cual significa que el nuevo sector tendrá una dimensión más pequeña que la actual por lo que el número de hectáreas se reducirá significativamente. En cualquier caso será necesario que se articule algún tipo de incentivo a la calidad y que se fijen acuerdos entre productores e industrias para establecer un precio más elevado que permita rentabilizar el cultivo.

Por el contrario, la propuesta de incrementar la ayuda acoplada que defiende la autodenominada Plataforma del Algodón supone reducir las ayudas directas, y en consecuencia, poner en peligro un montante de fondos aún mayor, que se tras el desmantelamiento del cultivo no vendrán ya a Andalucía y quedarán en las arcas comunitarias. Por lo que tanto ASAJA como UPA exigimos el desacoplamiento total de las ayudas y la creación paralela de un fondo que permita que las desmotadoras puedan reconvertir su actividad y se pueda mantener el empleo en las comarcas productoras.