Sevilla, 10 de Abril de 2008. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-Andalucía) ha denunciado hoy “la actitud mafiosa de las integradoras avícolas”, que continúan ejerciendo su posición de monopolio, imponiendo unas condiciones de producción que rayan la ilegalidad y que incumplen los acuerdos rubricados con los productores a finales del año 2007. Según explica el Secretario General de UPA-A, Agustín Rodríguez, las empresas integradoras que conforman Propollo, no solo han olvidado sus compromisos firmados con el sector con la mediación del Ministerio, —que regulaban las condiciones de producción y calidad entre ambas partes—, sino que han modificado unilateralmente los contratos con los avicultores introduciendo condiciones “leoninas”, “perjudiciales para los granjeros” e “intolerables” como la eliminación de los incentivos económicos, que colocan a las granjas al borde de su supervivencia. Explotaciones que han movilizado millonarias inversiones en los últimos años en Andalucía para modernizarse, que están en vanguardia en calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, pero que no podrán resistir mucho más.

UPA-A sitúa a la firma SADA, principal integradora nacional propiedad de la multinacional NUTRECO y marcas líderes como Pimpollo, entre los puestos de cabeza de la “irresponsabilidad” y “abuso de posición de dominio”, incumpliendo de forma “unilateral e ilegal” los acuerdos en materia laboral y económica pactados, ante la pasividad de las Administraciones nacional y autonómica. UPA sospecha que tras la actitud de las integradoras se esconde el interés de sustituir a los proveedores andaluces por carne importada, más barata pero sin apenas controles sanitarios. UPA-A recuerda al consumidor que muchos países autorizan desinfectantes de las carnes prohibidos en la UE como el cloro. UPA-A, que urge a MAPA y Consejería a tomar cartas en el asunto ya, solicita también a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que agilice y llegue hasta el final en el expediente sancionador abierto, tanto contra Propollo como contra otras asociaciones alimentarias, por prácticas que restringen la competencia y exige sanciones “ejemplares”.UPA-Andalucía estudia movilizar al sector para evitar que cierren 1.738 explotaciones andaluzas, con un censo superior a 26 millones de aves.