Valencia, 31 de octubre de 2008.- La Comisión de Medio Ambiente del Par­la­mento Eu­ro­peo votará el próximo día 5 las enmiendas al nuevo re­gla­men­to sobre el uso y co­mercialización de fitosanitarios. La nueva regulación entra en la fase de­cisiva para su aprobación y lo hace sin haber calculado antes el im­­pacto que sobre la producción agrícola europea que supondría la eliminación masiva de los insec­ti­ci­das, fungicidas y herbicidas hoy existentes, que es lo que pre­cisamente provocará en primera instancia. Según un informe de Asaja presentado es­ta mañana en la se­de de AVA-ASAJA, las pérdidas sólo en cítricos que a medio plazo generaría la apli­cación de esta normativa as­cenderían a 1.184 millones de euros y en términos de empleo, supondría la eliminación de 16,4 millones de jornales. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha exigido por ello a los eurodiputados de los gran­des grupos que “frenen con sus votos este despropósito y exijan que la norma no se apruebe sin antes conocer las consecuencias que tendría”.

Desde que esta normativa comenzó a gestarse hace dos años, AVA-ASAJA ha promovido multitud de reuniones en Bruselas y Estrasburgo con los responsables co­­mu­ni­tarios que tenían algo que aportar en su desarrollo. El reglamento fue pro­mo­vi­do en pri­me­ra instancia por la Comisión Europea y más tarde recayó en el Par­la­­mento, que ra­di­ca­li­zó la propuesta inicial. La nueva regulación sustituye a la di­rectiva 91/414 y supone un cambio drás­tico sobre la manera en la que se analizan y dan permisos a los fitosanitarios ya exis­ten­tes y futuros. Así, en lugar de considerar el ries­go real que conlleva el uso de es­tos pro­duc­tos, propone analizarlos sólo en fun­ción de la peligrosidad intrínseca de sus com­po­nen­tes. “Es como si pretendieran pro­hibir la lejía: todos sabemos que es tóxica pero nadie re­pa­ra en ello, sino en el uso que se debe de hacer con ella”, matiza el presidente de AVA-ASAJA.

“La situación podría ser dramática porque ya hoy sufrimos serias dificultades para poder combatir las plagas y sólo falta que encima los criterios se endurezcan más y que lo hagan de forma tan caprichosa”, advierte Aguado. Efectivamente, desde que entró en vigor en 1993 la directiva 91/414 se han eliminado del mercado el 57% de las sustancias activas, se han aprobado sólo el 15% y el 28% restante aún están pendientes de revisión. Dicho de otro modo, sólo quedan 400 de las 1.100 sustancias que se disponían para hacer frente a los insectos, enfermedades y malas hierbas.

Y la nueva regulación agravaría la situación en tanto supondría que en un breve lapso de tiempo se eliminasen las sustancias activas que componen el 32 % de herbicidas, el 42% de fungicidas y el 65% de insecticidas. Un dato: los agricultores de frutas y hortalizas valencianos y de toda la UE se quedarían con menos de 20 insecticidas para tratar miles de plagas. “Al no tener una pluralidad de productos y tener que repetir los tratamientos con los mismos productos se generarán resistencias lo que reducirá la efectividad y aumentará la con­taminación que las autoridades europeas dicen querer reducir”, señala Aguado.

En tales circunstancias, al no tener los productos fitosanitarios clave para tratar más de 2,5 millones de hectáreas y como se refleja en el gráfico adjunto, las pérdidas sobre la agricultura mediterránea española serían mastodónticas: entre 11,8 y 14,2 millones de toneladas por valor de entre 5.058 y 6.170 millones de euros y con un impacto sobre el empleo igualmente evidente en tanto implicaría tener que renunciar a entre 67,5 y 94,9 millones de jornales al año.