La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha vio ayer, al igual que el conjunto de la sociedad castellano-manchega, cómo el presidente regional, José María Barreda, exponía la postura de su Gobierno en relación al Estatuto y hasta dónde estaría dispuesto a llegar su Ejecutivo en cuanto a la modificación del texto inicial del mismo. Así el presidente afirmó su intención de mantener la fecha de 2015 como caducidad del trasvase Tajo-Segura en el preámbulo del Estatuto estableciendo también una reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos.
De ese modo desde UPA éramos conscientes de las dificultades que el texto estatuario iba a presentar para lograr el refrendo del Congreso de los Diputados. Por esa razón preveíamos una negociación bastante ardua y compleja.
En el debate, José María Barreda dejó claro que según él, su equipo de Gobierno sacaría adelante la posición que defendió en las Cortes con el apoyo de La Moncloa y del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Sin embargo lo que no vimos claro y que Cospedal no llegó a desvelar, es la postura que a este respecto mantendrá el grupo parlamentario popular.
En este momento vemos como en regiones como Murcia hay una posición sin fisuras en cuanto al posicionamiento en referencia al Estatuto de Castilla-La Mancha. Posición que comparten los principales partidos políticos, agentes sociales y otras organizaciones murcianas. Postura que no vemos tan cerrada en nuestra región. Desde la Organización consideramos que es el momento de trabajar todos unidos en defensa de un texto que no viene sino a defender los derechos fundamentales de los castellano-manchegos a ser dueños de su destino. Para ello es imprescindible el control del agua que nace y recorre nuestra tierra.
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