COAG-Jaén acusa a la Administración de no mover un dedo por los olivareros, que viven ya una situación dramática

1,73 euros el kilo de aceite de oliva en origen. Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén solamente con esta cifra ya se dice todo. Varios meses con el kilo del aceite en origen por debajo de los dos euros están poniendo a prueba no sólo la subsistencia de las explotaciones olivareras, sino también el futuro familiar de los oleicultores de la provincia. El género no se vende porque el precio actual es irrisorio y el poco que sale de las bodegas lo hace obteniendo pérdidas. El agricultor se ve abogado, asfixiado por las deudas, a vender el producto por debajo de la rentabilidad, ya que tienen que pagar productos fitosanitarios, abonos, jornales, poda, etc.

Desde COAG se están constatando día a día explotaciones que se están dejando sin estos cuidados debido a la falta de liquidez. Para el secretario general de COAG-Jaén, Rafael Civantos, “no se trata sólo de números, sino de familias que se encuentran en una situación dramática”. Por ello, no se explica que haya pasado casi un mes desde que el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeo, se comprometiera a hablar con las grandes distribuidoras para que el precio del aceite se recuperara en los lineales. Sin embargo, nada ha cambiado en este tiempo y la Administración no ha movido ficha alguna para remediar la situación, quedándose en una declaración de intenciones, en papel mojado. El precio sigue en mínimos históricos y los proyectos de concentración puestos en marcha, aunque positivos, tardarán todavía bastante tiempo en dar sus frutos.

COAG insiste, por tanto, en presionar a Bruselas para que ponga en marcha el almacenamiento privado, como única solución inmediata para la salvación de un sector que está herido de muerte. Si finalmente la Unión Europea se desentiende del tema, exige que al menos la UE autorice al Gobierno español para que éste pueda poner en marcha el mecanismo de almacenamiento privado, una vez que Bruselas ha hablado de la posibilidad de hacerlo (ya que, aunque no se alcanzan los precios de referencia, sí se constatan “graves perturbaciones del mercado”), pero siempre que los gastos corran de parte del Estado que lo solicita