En las elecciones al Parlamento Europeo se decide quiénes van a representar nuestros intereses en la Unión Europea en los próximos cinco años. Como agricultores nos vemos afectados en la condición de ciudadanos, pero también y muy especialmente por ser la política agraria una de las pocas que son comunes y por tanto dependiente en gran medida de la legislación y el presupuesto europeos. El Parlamento Europeo legisla y controla las decisiones de la Comisión y el Consejo. Cada vez está asumiendo más competencias, como por otra parte es lógico. ASAJA de Castilla y León, como principal representante de los intereses de los hombres y mujeres del campo en su territorio de actuación, quiere defender una PAC fuerte, eficiente y duradera. ASAJA cree en Europa como unidad política y administrativa. Los agricultores fueron los pioneros de esta unión, creen más que nunca en Europa y están dispuestos a seguir comprometiéndose en su construcción. ASAJA exige parlamentarios eficientes y comprometidos, a la vez que partidos políticos que se preocupen de los problemas reales de los ciudadanos.

Lo que ASAJA pide:

Defender el presupuesto agrario más allá del 2013 en un marco temporal suficientemente largo como para dar estabilidad al sector. El sector no puede hacer inversiones ni incorporar a los jóvenes si no se ve un futuro despejado a medio plazo para los apoyos públicos y las reglas que regulan los mercados. A quienes nos atacan por ser el campo el destinatario del 43% del presupuesto comunitario, basta rebatirles con argumentos de peso: la agraria es la única política realmente común y las ayudas al campo representan escasamente el 0,5% del PIB de la Unión. De estas ayudas viven 11 millones de familias agrarias europeas, por tanto no puede ser objeto de ajuste para hacer otras políticas.

Mantener el principio de “preferencia comunitaria” y abrir las fronteras únicamente cuando se compita en el mercado globalizado en igualdad de condiciones económicas, sociales, sanitarias y medioambientales. Mientras las reglas del mercado no sean iguales para todos, se han de mantener medidas eficaces de intervención de productos, restituciones a la exportación y aranceles a la importación que actúen de verdad como una “red de seguridad”. Necesitamos un PAC flexible capaz da ayudar a las producciones y las explotaciones cuando éstas de verdad lo necesiten. ASAJA pide que se revise el acuerdo de suprimir las cuotas lecheras a partir del año 2015. El principio de “preferencia comunitaria” garantiza nuestros empleos, nuestra salud, nuestro medio ambiente, la vertebración de nuestro territorio y nuestra soberanía alimentaria. La PAC tiene que tener también como objetivo producir para exportar, ser competitivos en el mercado exterior.

Aplicar las mismas normas de producción y transformación para los productos importados que las que se aplican para los productos de dentro de la Unión. Por ejemplo en materia de bienestar animal, de lucha contra las enfermedades, de restricciones en la utilización de fitosanitarios y medicamentos, restricciones en ciertas prácticas agronómicas. Por ejemplo, en Castilla y León no se pueden quemar rastrojos pero importamos carne y cereal de Argentina donde una de las prácticas agronómicas más comunes es quemar todos los años millones de hectáreas de rastrojos o pastos. Lo que se prohíbe aquí no puede importarse si está autorizado en otros países donde se produce o transforma. La “condicionalidad” que actualmente se aplica a la percepción de las ayudas de la PAC es excesiva y la anunciada simplificación en todo el proceso de tramitación y cobro de las mismas no se termina de ver como algo real en el sector.

Seguir garantizando al consumidor el suministro estable de alimentos de calidad a precios asequibles, con una producción respetuosa con el medio ambiente y basada en la sostenibilidad. La seguridad alimentaria de Europa, los controles de nuestros productos, están en niveles tan altos que no son comparables con el resto del mundo. El consumidor europeo exige altos parámetros de calidad que no están en disposición de dar los productores de países terceros.

Reivindicamos políticas activas y eficaces de desarrollo del medio rural cuyos fondos no salgan del presupuesto agrario. Se ha de tener en cuenta el menor nivel de renta de los habitantes del medio rural que a veces dejan de percibir fondos europeos porque estadísticamente la media de renta de la región o el país está por encima del umbral establecido. La renta de los agricultores y ganaderos de Castilla y León está muy por debajo del nivel medio de renta europea y por debajo del nivel medio de renta agraria de lo que era la “Europa de los 12”.

Se han de revisar algunas decisiones en el campo de la biotecnología, como es la prohibición de cultivos transgénicos, que desde nuestro punto de vista se debe a prejuicios o conveniencia política, sin que tenga una justificación científica. Decisiones como esta de prohibir el cultivo de transgénicos ponen a la agricultura europea en inferioridad de condiciones para competir en los mercados mundiales.

Se ha de revisar la Directiva Marco de Aguas, que obliga a repercutir todos los costes de suministro en los usuarios, en nuestro caso de los regantes. Esto perjudica a la agricultura mediterránea frente a la de la Europa húmeda y perjudica a los agricultores de regiones como Castilla y León, donde se hace agricultura de regadío y se cultivan productos de poco valor añadido, cultivos extensivos como cereal, patatas, maíz o remolacha.

Europa ha de ser más exigente con las políticas de los estados miembros para evitar los monopolios y los oligopolios que los agricultores y ganaderos estamos sufriendo en materias tan importantes para nosotros como el uso de los fertilizantes o los carburantes, lo que encarece sobremanera los costes de producción.

Europa no puede hacer más concesiones de comercio agrario en el seno de la Organización Mundial del Comercio, pues entendemos que siempre hemos ido por delante tanto de países desarrollados como de países emergentes o subdesarrollados. Europa ha recortado drásticamente su presupuesto agrario en los últimos años, ha mantenido el presupuesto agrario incorporando nuevos países, no contempla subidas que compensen el mayor coste de la vida, y ha optado por desvincular las ayudas de la producción para no interferir en los mercados. Los productos agrícolas no pueden tratase bajo las mismas normas que los productos industriales o los servicios, por lo que requieren de un tratamiento diferenciado en las negociaciones.

Reivindicamos el derecho de los agricultores de la Europa del Sur a percibir los mismos apoyos que los agricultores del Norte. Su nivel de ayudas es muy distinto al nuestro por dos motivos: más aportación de sus países con fondos propios en líneas de ayudas determinadas y sobre todo porque las ayudas “desacopladas” actuales se establecieron en función de unas ayudas a la producción donde se primaba más las zonas con mayores rendimientos por hectárea (en proporción de cuatro veces más).

Europa tiene que tener una política única y ambiciosa de uso de las energías limpias, de utilización de los biocarburantes, que permitan una segunda opción a los agricultores, además de seguir produciendo para la alimentación humana y animal.

ASAJA se reafirma como defensora de la filosofía de “desacoplamiento total” de todas las ayudas de la PAC impulsada en la reforma del 2003 y se opone firmemente a la “modulación de las ayudas” (detraer fondos de las ayudas directas para destinarlos a otras políticas). ASAJA se opone a cualquier intento de renacionalizar la PAC y de aplicación de políticas distintas en función de la sensibilidad de los Gobiernos o las posibilidades económicas de los distintos territorios.

Compartimos los principios que inspiraron la reforma de la PAC de 2003 y los consideramos vigentes. Abogamos por una reafirmación de dichos principios para la reforma de 2013 y por medidas que de verdad hagan que se cumplan y nuestros agricultores los perciban. Nos referimos al objetivo de incrementar la competitividad de la agricultura europea; la promoción de una agricultura sostenible y orientada al mercado; la seguridad e inocuidad alimentaria; la mejora de la calidad y promoción de métodos particulares de producción; el logro de un nivel de rentas adecuado y homologable con otros sectores; la potenciación del desarrollo rural; la conservación del medio ambiente y el paisaje, así como la simplificación de todos los trámites administrativos. En resumen, una PAC más justa y socialmente aceptada.

Como agricultores, asumimos los nuevos retos marcados por los acuerdos del “chequeo médico de la PAC”: innovación tecnológica, gestión del agua, cambio climático, energías renovables, biodiversidad y reestructuración del sector lácteo. Pedimos instrumentos eficaces para cumplir el cometido que se nos encomienda y que esto se convierta no en una carga más sino en una oportunidad de futuro para nuestras explotaciones.