Desde APAG EXTREMADURA ASAJA mostramos, una vez más, nuestra más profunda indignación ante el hecho de que bancos y cajas estén cobrando a los ganaderos la totalidad de los intereses de los préstamos suscritos con dichas entidades con motivo de la crisis ganadera y que se formalizaron durante los meses que van de mayo a septiembre del pasado año.

Estos préstamos, regulados por el decreto 20/2008, de 22 de febrero, fueron suscritos para paliar los efectos negativos de la subida de los costes de producción en la ganadería, su importe podía oscilar entre los 3.000 y los 40.000 €, en función de la cabaña ganadera de cada explotación, y es en estas fechas cuando se cumple el año de carencia que incorporaban, con lo que es ahora cuando se están liquidado los intereses pactados con las entidades de crédito que firmaron el correspondiente acuerdo con la administración autonómica.

A día de hoy, son muchos los ganaderos que nos han alertado sobre la voracidad de las entidades bancarias, que están cargando a los ganaderos intereses totalmente desproporcionados pues cargan sobre los mismos la totalidad de los intereses pactados, cuando dos puntos de tales intereses corren por cuenta de la administración regional y otros dos son a cargo de la administración nacional.

Es, a todas luces, una injusticia y una absoluta falta de coordinación la existente entre las distintas administraciones, regional y nacional, que está causando un tremendo daño económico a las maltrechas arcas de los ganaderos, que se sienten sorprendidos e indefensos ante unos cargos de intereses que no les corresponde abonar y, más aún, cuando en la actualidad, la mayor parte de ellos, no dispone de fondos suficientes para poder hacer frente a los mismos debido a la continuidad de la crisis en la que se encuentra el sector.

APAG EXTREMADURA ASAJA exige a la Consejería de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente, que antes también fuera de Agricultura, que tomen cartas en el asunto y que se dispongan a abonar los intereses que a ambas administraciones públicas les corresponde liquidar y, al mismo tiempo, solicita de las entidades bancarias que están realizando estas prácticas abusivas la inmediata devolución de los intereses cobrados a los ganaderos afectados, en la medida en la que no son ellos los culpables de este desaguisado y que no es de recibo cargar siempre contra el más débil.