Hasta la fecha, la implantación de este seguro es muy baja, únicamente de un 10%, por lo que desde COAG se han propuesto una serie de medidas para lograr que su contratación se extienda. Para alcanzar este objetivo resulta imprescindible revisar la normativa que regula los seguros agrarios, la Ley 87/1978, para poder diseñar un seguro integral que incluya plagas, enfermedades y costes de producción entre las coberturas básicas. Asimismo, se ha solicitado a modo de incentivo el establecimiento de beneficios fiscales para los agricultores que contraten el seguro.

Desde COAG se ha solicitado, además, la reducción de las primas ya que el coste actual del seguro es muy alto en relación a los bajos ratios de siniestralidad que registra, así como una simplificación del condicionado porque muchas veces no se tiene claro si un determinado riesgo queda cubierto o no.

En otro orden, la Organización apunta otras modificaciones solicitadas este año como la posibilidad de fraccionar de los pagos de la prima, la inclusión de nuevos riesgos o la necesidad de que se vean cubiertos los daños causados por la enfermedad del mildiu.