La Orden AYG/166/2009, que regula la percepción de las ayudas de la Política Agraria Común en Castilla y León en 2.009, establece como requisito obligatorio a cumplir por los agricultores, para poder percibir las ayudas a los cultivos energéticos, la entrega a los receptores o primeros transformadores con los que tengan suscrito el correspondiente contrato, de unos rendimientos mínimos por hectárea cultivada de cereal para aprovechamiento energético.

El Director General de Política Agraria Comunitaria, mediante resolución de 30 de julio de 2009, hizo públicos los rendimientos representativos para la cosecha de 2009 correspondientes a los cultivos de cereales (distintos de maíz) y colza con fines energéticos. Ahora, UPA y COAG nos hemos visto en la necesidad de solicitarle que se revisen los rendimientos publicados para el girasol, adaptándoles a la realidad del año agrícola en el que nos encontramos caracterizado por la ausencia de lluvias y altas temperaturas, que han reducido sustancialmente la cosecha respecto a la media de otros años.

Como consecuencia de las adversas condiciones climatológicas que he sufrido la Comunidad Autónoma, fundamentalmente por las escasas precipitaciones registradas a la hora de la siembra y durante el desarrollo del girasol, que han impedido un buen nacimiento y desarrollo de la planta, así como las elevadas temperaturas, la producción de girasol en la presente campaña se está materializando con una reducción importante de producción respecto a un año normal.

Por ello, y máxime considerando la situación de pérdida de rentabilidad derivada de la mala cosecha de la actual campaña agrícola, UPA y COAG insisten en la necesidad de que sean minorados los rendimientos mínimos exigidos, tal y como ambas organizaciones ya hemos trasladado a la Consejería de Agricultura y Ganadería.

De no producirse la correspondiente modificación en dichos rendimientos, a la mayor parte de los agricultores de la comunidad acogidos a esta ayuda les resultaría imposible el cumplimiento de este requisito y, por tanto, no podrían acceder al montante inicialmente establecido como ayuda en hasta 45 €/hectárea, tan necesario para aliviar, aunque sea mínimamente, la situación de pérdida de rentabilidad que están padeciendo.