Una decisión adoptada ayer por la Comisión Europea exigirá el reembolso de un importe total de 214,6 millones de euros de fondos agrarios de la UE indebidamente gastados por 18 Estados miembros. Ese dinero volverá a engrosar el presupuesto comunitario como consecuencia de la deficiencia de los procedimientos de control o del incumplimiento de las normas comunitarias sobre gastos agrarios.

España tendrá que devolver 40,25 millones de euros por las siguientes deficiencias:

– Aceite de oliva – Ayuda a la producción: deficiencias en controles fundamentales y auxiliares, aplicación incorrecta de sanciones = 31,74 millones de euros (se trata de la segunda corrección más alta aplicada)

– Primas por animales: falta de controles sobre el terreno durante el primer mes del período de retención y escasa calidad en general = 6,1 millones de euros.

– Aceite de oliva para conservas: calidad y número de controles inapropiados debido a una supervisión y unas instrucciones de control insuficientes por parte del organismo pagador gallego= 0,66 millones de euros.

– Desarrollo rural: controles sobre el terreno e informes de control de calidad insuficiente; solo se comprobaron dos compromisos en materia de buenas prácticas agrarias = 1,75 millones de euros.

Otros países a los que se reclamarán fondos son Austria, Bélgica, Chequia, Alemania, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovenia.

Las principales correcciones son las siguientes:

– 48, 1 y 22,9 millones de EUR (ejercicios presupuestarios de 2007 y 2006) reclamados a Francia por deficiencias en los controles sobre el terreno y la aplicación incorrecta de las sanciones en materia de condicionalidad;

– 16,6 millones de EUR reclamados a los Países Bajos por deficiencias en el sistema de identificación de parcelas, así como en los controles administrativos y sobre el terreno, y por la falta de aplicación de sanciones;

– 12,0 millones de EUR reclamados a Hungría por las deficiencias en el sistema de identificación de parcelas y en otros controles de las superficies;

– 10,0 millones de EUR reclamados a Polonia por la baja calidad y la cantidad insuficiente de controles en dos medidas de desarrollo rural.