Últimamente, cada vez que se habla sobre el mantenimiento de las rentas de los agricultores, frecuentemente se esgrime que una de las medidas que tendría que aplicarse, ya no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel comunitario, es un marco contractual entre los productores y compradores, que diera transparencia y estabilidad a los precios y que mejorara las relaciones entre ambos eslabones de la cadena productiva.

¿Habría que ir a un marco contractual estandarizado?. A esta pregunta quiso dar respuesta Paolo Cesarini de la Dirección General de la Competencia de a Comisión Europea durante su ponencia en la Jornada sobre Competencia en el Sector Agroalimentario realizada en Madrid en diciembre pasado.

Según dicha ponencia, las autoridades nacionales de la competencia coinciden en que los contratos tienen que ser voluntarios y que las partes contratantes tienen que fijar libremente las condiciones. No obstante, si se podrían adoptar códigos voluntarios de buenas prácticas que establecieran requerimientos del contrato como duración, penalizaciones por incumplimiento etc, pero sin que este proceso conduzca a una estandarización de los contenidos de los contratos. La política actual de fomentar la utilización de contratos no debería, en ningún caso, ser un instrumento para fijar los precios, lo que sería una violación de las normas de la competencia.