El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, advirtió hoy que el Proyecto de Ley de Aguas Andaluza comienza a sentar un “mal precedente” para el resto de cuencas de España que, escudándose en la cesión de competencias del Guadalquivir, empiezan también a reclamar competencias sobre el agua que pasa por sus territorios. En concreto, se refirió al borrador de los posibles acuerdos entre la Administración y la Junta de Castilla y León, donde se enumera varias veces como ejemplo el caso andaluz para referirse ya al Duero.

En este sentido, el presidente de los regantes -que intervino en Sevilla en la jornada «El Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía: un reto para Andalucía. Fortalezas y Debilidades»- recordó que la administración del agua corresponde única y exclusivamente a las cuencas intercomunitarias, que deben velar «con firmeza» para que su gestión tenga en cuenta los intereses generales de todos los españoles y no del territorio que lo tiene más cerca.

En este sentido, alertó de que el proyecto andaluz «peca claramente» de duplicidad competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca – bajo la premisa «el agua es de todos»-, al atribuirse la titularidad exclusiva sobre las aguas que atraviesan su territorio, lo que supone la «contaminación política» de este recurso y un agravio comparativo con respecto a otras cuencas.

Además, afirmó que en otras cuencas hidrográficas como el Júcar incluso se modifican los límites naturales para hacerlos coincidir artificialmente con las delimitaciones administrativas de las comunidades autónomas, lo cual derivará en un modelo autonómico «insolidario» y en «guerras del agua», primero, entre comunidades autónomas; después, entre provincias y por último, entre usuarios.

Del Campo, mostró su preocupación por el hecho de que, como está ocurriendo en Andalucía, los Estatutos de Autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, insistiendo en que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado Central, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.

La participación de los usuarios, restringida

Por otro lado, el presidente de Fenacore advirtió que el Proyecto de Ley de Aguas Andaluza resta participación a los usuarios -que disponen de concesión administrativa- hasta el punto de quedar excluidos de órganos de gestión de ámbito nacional como el Comité de Autoridades Competentes, lo que vulnera la legislación estatal.

Del Campo calificó este hecho de «inconcebible» y rompió una lanza a favor de los usuarios, argumentando que las comunidades de regantes, que gestionan y administran el 60% del agua, se comportan como una extensión de la administración hidráulica. Además, son las que realizan un uso productivo del agua y soportan los costes de este recurso, contribuyendo al mantenimiento de las Confederaciones Hidrográficas.