El hundimiento de los precios del corcho y el escaso valor que alcanzan en el mercado las producciones ganaderas extensivas de la dehesa (ovino, porcino ibérico y vacuno) impiden que los titulares de estos espacios (en un 95% en manos de particulares) puedan rentabilizar sus explotaciones, lo que supone la primera amenaza para la dehesa, un ecosistema que ocupa en Andalucía 1,25 millones de hectáreas (casi el 15% de la superficie regional) y del que han vivido tradicionalmente 128 pueblos de Andalucía.

Así, lo ha denunciado hoy el director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, ante la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento Andaluz, ante la que ha comparecido para analizar el proyecto de Ley de la Dehesa, un texto que será “papel mojado” si no se consigue incrementar la rentabilidad de las producciones ligadas a la dehesa, puesto que en opinión de ASAJA, está será la única vía para asegurar la permanencia de los hombres y mujeres ligados a este ecosistema, y en consecuencia, para garantizar la propia salud de la dehesa y evitar el despoblamiento de los municipios ligados a ella. Si la dehesa no es rentable la degradación del ecosistema se incrementará por más leyes que apruebe el Parlamento Andaluz.

El director general de ASAJA-Andalucía calificó de “indefinido, intervencionista, falto de contenido y generador de burocracia” el actual proyecto de Ley de la Dehesa, y lamentó que se haya redactado de espaldas al Pacto Andaluz por la Dehesa, documento que se firmó en 2005 con un amplio consenso y con el apoyo de todos los agentes sociales.

Vicente Pérez fue especialmente duro con el artículo 21 del texto, que pretende dar entrada a los denominados “contratos territoriales” una fórmula obsoleta que ha fracaso estrepitosamente en Francia y en otros países y que de mantenerse tan sólo contribuirá a generar más burocracia y a incrementar el ya muy nutrido cuerpo de funcionarios de las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, así como el número de trabajadores de sus empresas públicas (DAP y EGMASA), por lo que desde ASAJA-Andalucía instamos a que se retire la fórmula de “contratos territoriales”.

En esta misma línea, el director general de ASAJA-Andalucía criticó los denominados planes de gestión integral, que sólo aportan más papeleo para los agricultores y ganaderos que ya están sometidos a planes de gestión forestal o a planes de gestión cinegética, que suponen grandes desembolsos en costosos estudios de escaso valor real.

A modo de conclusión Pérez señaló que “la normativa que se elabore para las dehesas debe pasar por la fijación de población a este medio rural, y para ello es imprescindible contar con las personas del entorno, darles participación y mantener un nivel de vida digno, y para ello hay que incrementar la rentabilidad de las producciones y de todas las actividades ligadas a la dehesa, conseguido esto el mantenimiento de las dehesas estará asegurado”.