Si la algodonera Blanca Paloma termina cerrando no lo hará por la crisis o la mala gestión de sus directivos, sino única y exclusivamente por la desidia, la cerrazón o la mala fe de la consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, que ha optado por plegarse a los intereses del oligopolio de las desmotadoras de algodón, que tras vivir durante años de las ayudas públicas se sienten ahora incómodas en el nuevo marco de libre mercado y quieren evitar cualquier atisbo de competencia.

Andalucía no se pude permitir el cierre de una sola empresa, y menos de las que son rentables y dan empleo sin depender del dinero público, como es el caso de la algodonera Blanca Paloma, una desmotadora que emplea a 30 trabajadores, que trabaja con más de 100 empresas auxiliares y que ofrece sus servicios a 700 agricultores de la margen derecha del Guadalquivir (marisma de Sevilla y Huelva), donde no opera ninguna otra empresa de desmotado de algodón.

Un capricho que roza la ilegalidad no se pude llevar por delante una empresa rentable, así se lo ha manifestado el presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a quien ha instado a realizar todas las gestiones posibles para permitir que la algodonera Blanca Paloma siga funcionando (ver carta adjunta), máxime cuando el propio Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (MARM) está dispuesto a rectificar la situación actual, derivada de la aprobación de una disposición adicional redactada “ex profeso” por la Consejería de Agricultura al dictado de las otras siete desmotadoras para expulsar del mercado a la algodonera Blanca Paloma.

El Real Decreto (R.D 169/2010) que regula las ayudas del programa nacional de restructuración del sector algodonero incluye una disposición adicional por la que se impide desmotar algodón a aquellas plantas de desmotado que no hayan trabajado al menos tres de las cuatro últimas campañas, lo que crea una situación artificial de oligopolio e impide no sólo que cualquier emprendedor pueda dedicarse a esta actividad, sino que también impide que la única desmotadora que funcionaba en la margen derecha del Guadalquivir y que daba servicio a más de 700 agricultores de las marismas de Sevilla y Huelva pueda operar, dado que Blanca Paloma es la única de las ocho desmotadoras que funcionaron el año pasado que no cumple el requisito de haber trabajado tres de las cuatro últimas campañas.

Se trata a todas luces de un requisito que carece de toda lógica, y cuya única finalidad es la de evitar que esta desmotadora pueda operar, por lo que desde ASAJA-Sevilla nos hemos puesto en contacto con el secretario de Estado del MARM, Josep Puxeu, y con la secretaria general del Medio Rural, Alicia Villauriz, quienes han mostrado su disposición a permitir que Blanca Paloma siga funcionando si la Consejería Andaluza de Agricultura se lo pide, por lo que ante las reiteradas negativas de esta última, nos vemos obligados a acudir directamente a la intercesión del presidente de la Junta de Andalucía en nuestra convicción de que el Sr. Griñán, en su deseo de evitar más paro y más ruina en el campo andaluz, hará las gestiones oportunas para evitar este cierre además de dramático para las 30 familias más directamente afectadas, innecesario, injusto e ilegal.

ASAJA-Sevilla ha iniciado también una campaña de recogida de firmas entre los afectados y los vecinos de una de las comarcas más deprimidas de Sevilla, con escasas alternativas de empleo y abocada a más paro y más emigración si finalmente se cierran las pocas empresas rentables que aún funcionan.

La desmotadora Blanca Paloma, la única que opera en la margen derecha del Guadalquivir, está ubicada en la localidad sevillana de Aznalcázar y recoge la producción de algodón de los más de 700 algodoneros que tienen sus explotaciones en un radio de poco más de 30 kilómetros en las comarcas sevillanas de la Marisma y el Aljarafe y la onubense del Condado de Huelva. Si cierra Blanca Paloma estos agricultores se verán obligados, a partir de esta campaña, a enviar su algodón a más de 100 kilómetros de sus fincas, a alguna de las desmotadoras de la Vega de Sevilla o del Bajo Guadalquivir, lo que supone un elevado coste económico y medioambiental.