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Verano oscuro

12/07/2010

Las negocios que está desarrollando la Unión Europea con Argentina y Marruecos para potenciar la importación de alimentos están ensombreciendo la prosperidad económica del agro alicantino y de toda España, en general. ¿En qué estado se encuentran ahora estos pactos? De momento, a los agricultores nos esperan dos duros meses de incertidumbre, ya que deberemos esperar hasta el mes de septiembre para que vuelvan a reunirse.

Mientras que Bruselas incentiva la entrada de productos, Argentina nos está dando ejemplo al imponer medidas restrictivas para que en sus fronteras entren productos europeos. ¿Seremos nosotros tan ignorantes como para permitirles un aumento de sus importaciones? Todo apunta hacia una respuesta afirmativa.

El Gobierno argentino insiste en que sus limitaciones no interferirán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre los Veintisiete y Mercosur, que también engloba a Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Cómo podemos negociar un acuerdo de liberalización comercial cuando hay un país bloqueando nuestros productos? No tiene lógica alguna.

Bruselas propondrá en septiembre aprobar el pacto agrícola con Marruecos, que, pese a las muchas protestas y críticas que ha despertado, refuerza los intereses marroquíes aumentando el acceso de sus frutas y hortalizas al mercado europeo, especialmente en el caso del tomate y los cítricos.

Si seguimos aumentando las importaciones de otros países, mataremos nuestra agricultura, que hoy por hoy se consolida como uno de los sectores más fuertes de la agónica economía española. Un dato que demuestra este hecho es que las exportaciones agroalimentarias durante el primer cuatrimestre del año y según los datos que maneja el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se valoran en 9.166.548.000 euros.

Esta cantidad supera a la que se consiguen, por ejemplo, con las exportaciones de productos energéticos (2.330.333.000), materias primas (1.428.137.737) o los bienes de consumo duraderos (1.102.892.099), entre los que se encuentran, por ejemplo, los electrodomésticos, muebles, aparatos electrónicos,…

Para fortalecer España, necesitamos proteger nuestra agricultura, tal y como ya hace EEUU y quiere realizar Argentina. Francia también demostró que no le amedrentaba la Unión Europea. Los mandatarios políticos llegaron a defender incluso que no aceptarían ningún acuerdo que pudiera ocasionar un prejuicio en la renta de los agricultores.

Por el contrario, nuestro querido presidente, José Luís Rodríguez Zapatero, ha demostrado, mientras ostentaba la presidencia europea, no estar dispuesto a luchar por nuestro sector. De hecho, no ha dicho ni ‘mú’ para defender nuestros intereses y frenar estos acuerdos que perjudicarán seriamente nuestra citricultura y otros de nuestros principales cultivos. Zapatero está demostrando que quiere hacer desaparecer la agricultura, sin tener en cuenta ni siquiera que nuestro país es eminentemente, tradicionalmente y en esencia, campesina.

España necesita de nuestro sector no sólo para fortalecer la economía, sino también para proteger el medio ambiente, evitar la desertización y la contaminación y conseguir a fin de cuentas que nuestro país sea más habitable. Pero Zapatero y la ministra Elena Espinosa, que sólo nos ha proporcionado promesas incumplidas, no quieren darse cuenta. No figuran ni están en ningún acto que nos atañe. Afirman que gobiernan por ideología y no recuerdan que la política no da de comer.

Lo que hacen falta en este país son investigadores, técnicos y especialistas que sean capaces de generar una economía fuerte. Ellos y no el Einstein de nuestro actual presidente, son los que abogan por no abandonar el sector agrario. Cada año vemos como disminuyen nuestras producciones agrícolas. Para que no ocurra, hay que fortalecer los ingresos que perciben los agricultores para que, al menos, cubran los costes de producción. Al respecto, destaca un logro importante. La Unión Europea, y tras la presión que han ejercido organizaciones agrarias como ASAJA, ya ha reconocido que las grandes multinacionales cometen abusos en los contratos y precios que entregan a quienes se encargan de obtener los productos que ellos comercializan, los agricultores.

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