Ante la oleada de robos y la inseguridad que se vive en el campo, ASAJA Ciudad Real va a solicitar a las administraciones correspondientes que destinen parte de la recaudación de los impuestos que pagan los agricultores, como el IBI rústico, a sufragar servicios y métodos privados de vigilancia en fincas y explotaciones del campo.
Desde la Organización, su secretario general, Florencio Rodríguez, afirma que resulta lógico que la Administración se haga cargo del coste de unos servicios que los agricultores y ganaderos se están viendo obligados a contratar al no prestarlos los ayuntamientos ni los Cuerpos de Seguridad del Estado. Rodríguez explica que sencillamente se pide una compensación por el gasto de un servicio que debería ofrecer el Estado, pero que por falta de medios y de efectivos ha dejado de prestar. “No es lógico que paguemos impuestos y no recibamos un servicio que antes se prestaba”, apunta Rodríguez.
Los agricultores afirman que este servicio de vigilancia debe ser sufragado por la Administración, que son los que recaudan los impuestos y los que están obligados a prestar en condiciones un servicio básico de todo ciudadano, como es la seguridad. Por ello, no entienden que paguen impuestos, como el IBI rústico u otros, sin recibir ningún tipo de prestación o servicio por parte del Gobierno de la Nación y de las administraciones correspondientes.
Agricultores y ganaderos están dispuestos a seguir pagando este impuesto pero demandan que la parte correspondiente del tributo se destine a la contratación de los servicios de seguridad de empresas privadas. Según un estudio elaborado por la empresa Seguridad CV para ASAJA Ciudad Real, este coste se estima entre uno y dos euros mensuales por hectárea, dependiendo de las características de cada explotación (extensión, secano, regadío, bienes incluidos, naves, etcétera).
Además, desde ASAJA se van a solicitar subvenciones y ayudas para la instalación y de diversos sistemas electrónicos de vigilancia incorporados en los sistemas de riego, para su protección.
ASAJA lleva mucho tiempo demandando más vigilancia en las zonas rurales. Pero la situación está empeorando y los robos se han convertido en algo habitual en el campo, generando una gran inseguridad. Recientemente la Organización reclamaba al Ministerio del Interior más efectivos y medios destinados a mantener la seguridad en el campo, que está viviendo ya una situación “insostenible”, con continuos robos en casas de campo, fincas y explotaciones agropecuarias.
A nivel nacional la Organización ha solicitado reiteradamente un endurecimiento del Código Penal, una mayor presencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas rurales y un mayor control administrativo y policial de quienes compran los objetos o efectos sustraídos.
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