La aplicación efectiva de las normas de competencia desempeña un papel crucial en el funcionamiento de las economías de mercado. En la Unión Europea constituye también una herramienta primordial para
garantizar mercados abiertos y competitivos, mejorando el crecimiento global y el bienestar de los ciudadanos de todos los Estados miembros. Defiende y mantiene una competencia no falseada que presiona los precios a la baja e incentiva a las empresas a ser eficientes y creativas e innovar tal y como ha sucedido en mercados como el de las telecomunicaciones y del transporte aéreo cuando se abrieron a la competencia.
Resulta particularmente relevante en el contexto de un período de crisis económica. En efecto, los mercados competitivos contribuyen a un ajuste más rápido a las nuevas condiciones económicas y, en consecuencia, a la recuperación económica y a la reducción de ineficiencias del mercado, apoyando y contribuyendo así a los esfuerzos de los Estados miembros para superar la crisis. La aplicación de las normas de competencia protege a los consumidores y a las empresas competitivas frente a las
prácticas contrarias a la competencia susceptibles de empeorar dificultades económicas preexistentes.
En la UE, las autoridades nacionales de la competencia, junto con la Comisión Europea, se encargan de garantizar la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE, las disposiciones del Tratado sobre acuerdos contrarios a la competencia y sobre abuso de posición dominante. A partir de 2004, sus competencias en dicho ámbito se ampliaron a medida que la UE se apartó de un sistema más centralizado de aplicación de las normas. De igual modo, también pueden aplicar disposiciones nacionales similares.
Las autoridades nacionales de la competencia también desempeñan un papel vital como asesores de confianza de los gobiernos y legisladores, propugnado planteamientos a favor de la competencia y promoviendo en sus jurisdicciones una cultura de la competencia.
Para poder generar los beneficios arriba indicados para la sociedad, las autoridades de la competencia deben estar adecuadamente pertrechadas para desempeñar sus funciones y ser capaces de actuar en condiciones adecuadas para ejecutar sus tareas de forma imparcial e independiente. Es preciso garantizar estos medios para operar de forma eficaz y sostenible incluso en momentos de restricciones presupuestarias.
Deben existir determinadas condiciones para lograr un funcionamiento adecuado. Además de operar en un marco legal adecuado, las autoridades nacionales de la competencia deben disponer de la infraestructura adecuada y de recursos expertos para poder investigar y adoptar medidas en caso de infracciones, incluyendo el falseamiento de las licitaciones, el reparto de mercados y los cárteles de fijación de precios que, según investigaciones recientes, se estima que acarrean recargos en los
precios de más del 20% en promedio. Las autoridades deben estar en condiciones de adoptar medidas en los plazos pertinentes, interviniendo de forma rápida en los casos urgentes. Deben ser capaces de examinar cuestiones legales y económicas complejas y, para ello, atraer talento y conservar a su personal cualificado.
Las autoridades nacionales de la competencia también deben estar en condiciones de cooperar plenamente con la Red Europea de Competencia y otras redes europeas e internacionales pertinentes para mejorar su capacidad para abordar conjuntamente problemas de competencia y garantizar la convergencia.
Las condiciones arriba indicadas son clave para garantizar que las autoridades de la competencia puedan aportar resultados beneficiosos para la economía y los consumidores, esforzándose activamente por mejorar la efectividad de sus actuaciones y aplicar los elevados estándares profesionales exigidos.
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