AVA-ASAJA calcula que las pérdidas acumuladas en 2010 a causa de los robos de frutas y hortalizas así como de los asal­­tos a instalaciones de riego en busca de cobre ascenderán a más de 15 millones de eu­­­­ros. La ci­fra supone un au­men­to del 50% sobre la estimación realizada en 2009 por es­ta mis­­­­­ma organización agraria, que atri­­buye el fuerte repunte experimentado a la ‘fiebre’ gene­ra­­da en torno al mercadeo a gran es­­cala con es­te metal; a la laxitud con la que tanto el antiguo como el nue­­­­­vo Código Pe­nal ti­pi­fican la delincuencia rural y a la falta de vigilancia en los campos, agra­va­­­­­da por la des­­coor­di­na­­ción existente entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es­ta­­­do. “Nun­­ca antes nos he­mos sentido tan im­­­poten­tes. Agrade­ce­­­­­­mos la valentía del Consell al to­mar cartas en el asunto e intensificar los controles pero la ­­seguridad en el cam­po es funda­men­tal­mente com­pe­tencia del Gobierno y lle­va­mos años es­­­perando a que la Delega­ción se to­me en serio este problema”, advierte el pre­sidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Por tipo de delitos, AVA-ASAJA destaca que –según sus datos- los asaltos en ca­se­tas de riego y en pozos se han duplicado mientras que los robos hortofrutícolas se han man­te­­nido estables pero a un preocupante nivel, oscilando su intensidad en fun­­­­ción del valor de la fruta en los mercados. En cuanto al cobre, la organización agraria cal­cu­­la que al menos una de cada diez casetas han sido atacadas en el año que ahora aca­ba. Prueba de ello es el nuevo en­du­reci­mien­to de las con­diciones del seguro que se espera para 2011, la ingente can­­ti­dad re­gan­tes ‘expulsados’ (a los que no se les re­nueva la póliza por su siniestra­li­dad) o el propio hecho de que sólo existan dos o tres entidades que ofre­zcan esta cobertura.

En cuanto a los hurtos de cosechas, AVA-ASAJA advierte que en la in­men­sa ma­yo­ría de los casos, al no poder asegurarse frente al robo, los agricultores no los de­­­­nuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo. Lo que sí se ha constatado es la consolidación de un ‘mercado paralelo’ de fru­te­rías ‘low cost’, puestos ambulantes o incluso almacenes que se abastecen de frutas y hortalizas robadas.

En este sentido, la organización agraria lamenta la doble oportunidad perdida en 2010 para tratar de reconducir la dramática situación que se sufre en el ámbito rural. De un la­­do, fue el PSOE el que se negó a secundar la propuesta presentada por el PP para en­du­re­­cer las penas por los robos en los campos. Efectiva­mente, a instancias de AVA-ASAJA, el le­­­­gislativo debatió una enmienda para rebajar de 400 a 100 euros el valor a par­tir del cual una falta de hurto en el campo pasaría a considerarse delito. Con tal medida se im­pediría que se siga calificando como falta con una leve multa de en torno a 100 euros (que no se sue­le pagar) el robo de hasta 1,5/1,6 toneladas de naranjas. Finalmente, la en­mienda fue re­cha­­zada y la reforma en este terreno se limitó a endurecer los castigos con­tra los car­te­­ristas ur­­banos. De otro lado, tras más de un año de peticio­nes in­fructuosas, el 16 de sep­tiem­­bre el ya ex delegado del Gobierno, Ricardo Pe­ral­ta, pactó con la Consellería de Go­ber­­nación y la Fe­­deración Valenciana de Municipios y Pro­vincias (FVMP) un plan de choque contra la de­­lin­­cuencia ru­ral así como la extensión de la lla­ma­da ‘Guía conduce’. Tres meses después aquel borrador no ha sido aún suscrito. “Con­fia­mos que la nueva delegada, Ana Botella, cum­­­pla al menos con los compromisos adqui­ri­dos por su predecesor”, advierte Aguado.