El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, calificó ayer de “muy positiva” la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que atribuía a Andalucía la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir, por considerar que sentaba un “mal precedente” para el resto de cuencas de España. En concreto, se refirió al borrador legal del Estatuto de Castilla y León donde se alude varias veces como ejemplo al caso andaluz con el único objetivo de conferir las competencias sobre la gestión del Duero a la Junta Autonómica.

De esta forma, el presidente de los regantes sale al paso del fallo del TC conocido hoy, recordando que la administración del agua en cuencas intercomunitarias corresponde única y exclusivamente al Estado Central a través de las Confederaciones Hidrográficas, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.

Además, aclaró que el artículo anulado por el TC “pecaba claramente” de duplicidad competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca, al atribuirse la titularidad exclusiva sobre las aguas que, aunque atraviesan Andalucía, pueden proceder de la escorrentía de comunidades autónomas colindantes; una situación que, en opinión de Fenacore, da lugar a la “contaminación política” de este recurso, poniendo en peligro los intereses generales de todos los españoles y derivando en una sequía estructural al no poder dar respuesta a intereses localistas.

Por último, el presidente de los regantes insistió en la necesidad de poner en marcha un Pacto Nacional por la unidad de cuenca, capaz de reforzar las funciones del Estado en materia de aguas y poner fin a la titularidad exclusiva sobre los ríos que “arbitrariamente” vienen atribuyéndose en estos últimos años las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Castilla-León a través de sus reformas estatutarias por el mero hecho de transcurrir por sus territorios.

Según Andrés del Campo, “el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no propiedad de los que la tengan más cerca. Esto se consigue con una independencia política en su gestión y realizada a nivel de cuenca o demarcación hidrográfica. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social”.