Desde hace meses, tanto el sector lácteo español como el francés han trabajado arduamente con su administración para sacar adelante un decreto que estableciera un contrato obligatorio de compra-venta de leche cruda y que éste pudiera ser negociado por parte de las organizaciones de productores (OP). Ambos gobiernos ya han publicado ambos decretos, el francés el 31 de diciembre de 2010 y el español, el pasado sábado.

La diferencia es que el decreto francés si que obliga desde esta campaña, a tener un contrato según regula el decreto mientras que el decreto español está condicionado a que se apruebe el reglamento comunitario que lo refrende. El motivo de esta diferencia viene por el dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC). Tanto el borrador de decreto francés como el del español, pasaron, antes de ser aprobados, por la Autoridad de la Competencia correspondiente de cada país, quién emitió su dictamen. Mientras que Competencia en Francia dio el visto bueno al decreto, con algunas matizaciones, la CDC en España dictaminó que los contratos podrían ser negociados por las OP y que la interprofesión podría presentar propuestas de contrato, una vez que estas cuestiones estuvieran autorizadas por un reglamento comunitario.

No obstante, el contar con contratos obligatorios en el sector lácteo tampoco es ninguna panacea. Es cierto que mejorarían la transparencia en el sector pero el que introdujeran equidad entre comprador y vendedor dependería de la voluntad de las industrias y de la capacidad de intervención de la administración con aquellas industrias que tengan menos voluntad.

En Francia, las primeras propuestas de contratos obligatorios presentados por las industrias han recibido hasta las críticas públicas del Ministro de agricultura, Bruno Le Maire, que las ha calificado de “inaceptables”. El Ministro está interviniendo activamente en este tema y ha recomendado personalmente a las industrias que presenten nuevas propuestas. Además, confía en que la figura del mediador de contratos que ya se ha elegido (un inspector de Hacienda) ayude a conseguir el equilibrio en los contratos.