La Comisión Europea reclamó el viernes, en virtud del «procedimiento de liquidación de cuentas», el reembolso de un total de 530 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos.

Con arreglo a esta última decisión, se reclamarán fondos a Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Reino Unido y se reembolsará un pequeño importe a Alemania.

En el caso de España, la cantidad reclamad se eleva a 115,8 millones de euros, correspondiente a los siguiente conceptos:

– Frutas y hortalizas – corrección propuesta para los ejercicios financieros 2006-2008 por los costes de gestión medioambiental del envasado no subvencionables y varias categorías de gastos no subvencionables abonados: 37,25 mill. €.

– Primas por ganado – corrección propuesta para los ejercicios financieros 2004-2006 por inicio tardío, bajo índice y escasa calidad de los controles sobre el terreno en lo que se refiere a las primas por animales: 7,63 mill. tn.

– Aceite de oliva y otras materias grasas – corrección propuesta para los ejercicios financieros 2003-2006 por la aplicación incorrecta de las tolerancias técnicas, deficiencias en el control de los rendimientos y aplicación incorrecta de las sanciones por retrasos en la presentación de las declaraciones de cultivo: 70,96 mill. €

En el resto de los países, las principales correcciones son las siguientes:

•137,23 millones de euros reclamados a Grecia por gastos no subvencionables y deficiencias importantes en el Sistema de Información Geográfica (SIG) oleícola y en los controles sobre el terreno;

•122,38 millones de euros reclamados a Grecia por un número insuficiente de controles sobre el terreno y por deficiencias en el sistema de identificación de parcelas (SIP-SIG) y en los controles administrativos de los gastos correspondientes a las ayudas por superficie (también se refiere a las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie);

•74,9 millones de euros reclamados a Rumanía por deficiencias en el sistema SIP-SIG en relación con los controles administrativos, la presentación de información inexacta a los agricultores y unas verificaciones sobre el terreno ineficaces en lo que se refiere a las ayudas por superficie (también se trata de las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie);

•26,95 millones de euros reclamados al Reino Unido por deficiencias en el reconocimiento de las organizaciones de productores y carencias en la comprobación del valor de la producción comercializada en el sector de las frutas y hortalizas;

•24,54 millones de euros reclamados a Bulgaria por un nivel insuficiente de controles sobre el terreno, carencias en el sistema SIP-SIG, presentación de información inexacta y orientación insuficiente a los agricultores en materia de ayudas por superficie (también se trata de las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie);

•22,69 millones de euros reclamados a los Países Bajos en concepto de costes no subvencionables por impresión en los embalajes y gastos no subvencionables de una organización de productores con estructura comercial descentralizada en el sector de las frutas y hortalizas.

Los Estados miembros son responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos correspondientes a la PAC, principalmente por medio de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles: por ejemplo, deben comprobar las declaraciones de los agricultores en relación con los pagos directos. La Comisión realiza más de cien auditorías al año, a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y tiene la facultad de recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que dichas respuestas son insuficientes para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.

La corrección financiera guarda proporción con el índice de error. La decisión se produce tras un proceso de conciliación entre la Comisión y los Estados miembros, en función de datos objetivos sobre los motivos y los riesgos del uso indebido de los fondos.