El PE ha dado luz verde hoy a un paquete legislativo que refuerza el gobierno económico en la UE y busca prevenir futuras crisis. Estas normas consolidan el papel supervisor de la Comisión para evitar, desde una fase temprana, el déficit y la deuda excesivos. Además, los países de la zona euro ya no podrán ignorar las advertencias del ejecutivo de la UE para corregir sus cuentas. Por otro lado, se introducen indicadores más precisos para detectar desequilibrios como las burbujas inmobiliarias.

La legislación, acordada recientemente con los gobiernos de la UE, reforma el pacto de estabilidad y crecimiento para supervisar no solo el déficit público, sino también la deuda, y tiene como objetivo promover un crecimiento sostenible. La nueva norma introduce un mecanismo de vigilancia, con un papel protagonista para la Comisión Europea, cuyo objetivo es detectar y alertar de los desequilibrios fiscales desde una fase temprana.

En la actualidad, el pacto de estabilidad y crecimiento establece que el déficit público no debe ser superior al 3% del PIB y la deuda al 60% del PIB. No obstante, hasta ahora se ha hecho más hincapié en el control del déficit.

El texto adoptado será transmitido a los ministros de Finanzas de los Veintisiete, que darán su aprobación formal el próximo 4 de octubre.

El pleno ha aprobado los seis textos legislativos (ver resultados más abajo). En varios casos, los diputados de centro-izquierda votaron en contra o se abstuvieron, ya que consideran que la nueva legislación se centra demasiado en la disciplina fiscal, en detrimento del crecimiento y el empleo.

El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, felicitó a los negociadores del Parlamento Europeo: «Si comparamos este acuerdo con las propuestas iniciales, hay mejoras sustanciales», señaló.

Sanciones semi-automáticas

La imposición de sanciones se estructura en dos fases: una preventiva y otra correctiva. El compromiso establece que, si la Comisión detecta que un Estado incumple sistemáticamente sus objetivos fiscales, podrá dirigir una advertencia al Consejo, que tendrá que aprobar, por mayoría cualificada, una recomendación al Estado para que corrija sus cuentas en un plazo de cinco meses (tres si el caso se considera grave).

Si pasado este plazo el país no ha corregido la situación, la Comisión podrá dirigir una segunda recomendación al Consejo para que confirme, por mayoría cualificada, que no se ha rectificado y exija al país que tome medidas correctivas. Si el Consejo rechaza la recomendación o no la vota en un plazo de un mes, la Comisión podrá remitirla de nuevo. En este caso se dará por aprobada automáticamente, a no ser que una mayoría simple de los países de la eurozona (al menos 9 de 17) la rechace en un plazo de diez días. El voto del país afectado no computa.

Una vez aprobada la recomendación, la Comisión puede imponer una sanción, que consistiría en un depósito del 0,2% del PIB del país. El castigo se impondrá a no ser que una mayoría cualificada del Consejo lo rechace (mayoría cualificada inversa). Si el país sigue sin corregir sus cuentas, el depósito pasaría a convertirse en una multa. Con las nuevas normas, se agiliza el proceso de imposición de sanciones por incumplimiento de la disciplina fiscal, ya que desde el primer aviso hasta el castigo pueden transcurrir un máximo de seis meses.

Nuevos indicadores

El paquete de gobierno económico introduce indicadores más precisos para garantizar, por ejemplo, que no solo se tienen en cuenta factores económicos, sino también sociales. Además, estos nuevos indicadores también permitirán detectar desequilibrios macroeconómicos, como las burbujas inmobiliarias.

Grandes superávits por cuenta corriente

La Comisión Europea no vigilará solamente a los países con déficit y deuda, sino que considerará motivo de desestabilización el que un país, como es el caso de Alemania o Países Bajos, presente un gran superávit por cuenta corriente (nivel de exportaciones muy superior al de importaciones).

Audiencias en el PE

Otro de los grandes objetivos de esta legislación es asegurar la transparencia en la toma de decisiones. Una de las medidas más destacadas en este ámbito es la organización de audiencias en el Parlamento Europeo con los ministros de Finanzas de los Estados miembros que han recibido advertencias por parte de la Comisión.

No al fraude en las estadísticas

Por otra parte, las nuevas normas introducen una serie de estándares para asegurar el rigor de las estadísticas presentadas por los Estados miembros, así como la independencia de los organismos nacionales encargados de elaborar estos datos. Los países de la eurozona que falsifiquen sus estadísticas sobre déficit y deuda tendrán que afrontar una multa del 0,2% del PIB.

Semestre europeo y otras medidas

La legislación aprobada hoy transforma en norma el semestre europeo (verificación anual de los presupuestos anuales) para impulsar la coordinación de las políticas económicas. Igualmente, refuerza la vigilancia de los programas nacionales de reformas. Además, la Comisión Europea podrá desplazarse a los Estados miembros para realizar inspecciones in situ.

El paquete de gobierno económico consta de seis propuestas legislativas, que fueron aprobadas con las siguientes mayorías:

Informe Ferreira (prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos): 554 votos a favor, 90 en contra y 21 abstenciones

Informe Feio (vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad, incluye sanciones en caso de deuda o déficit excesivos): 363 votos a favor, 268 en contra y 37 abstenciones

Informe Ford (requisitos comunes para los presupuestos nacionales): 442 votos a favor, 185 en contra y 40 abstenciones

Informe Goulard (vigilancia presupuestaria en la zona euro): 352 votos a favor, 237 en contra y 67 abstenciones

Informe Wortmann-Kool (coordinación de políticas económicas): 354 votos a favor, 269 en contra y 34 abstenciones

Informe Haglund (medidas correctoras de los desequilibrios macroeconómicos en la zona euro): 394 votos a favor, 63 en contra y 206 abstenciones