La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, María Luisa Soriano, no entiende que tras conocer el nuevo proyecto legislativo de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que dio a conocer ayer el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, “se rasgue ahora las vestiduras, cuando ha estado ausente del debate comunitario. No ha reunido a las comunidades autónomas desde el mes de marzo para saber cuál era la política agraria que el Gobierno tenía que defender en Europa, ni ha sabido buscar alianzas con otros países europeos y defender con ellos la PAC que nos interesaba a los españoles y en concreto a Castilla-La Mancha”.

Declaraciones de Soriano tras conocer que esta nueva reforma de la PAC trae un cambio en profundidad del régimen de ayudas, “con esta reforma desaparecen los derechos históricos para determinar las ayudas a los agricultores y a los ganaderos y se sustituyen por una tarifa plana, que es muy inferior a la media que están percibiendo en estos momentos los agricultores de España y los agricultores y ganaderos de la región”.

La consejera de Agricultura ha asegurado que “sabían que esto ocurriría y ayer se confirmó lo que nos estábamos temiendo, es decir, un Gobierno de España que no ha liderado esta reforma y que no ha sido capaz de consensuar con las comunidades autónomas una política agraria que nos interese a todos y que hubiese tenido que defender en Europa”.

Proyectos legislativos sobre la reforma de la PAC

Con esta reforma, España podría tener mucho que perder pues la PAC es la primera fuente de ayudas europeas para nuestro país, que es, a su vez, el segundo beneficiario de ese capítulo del presupuesto europeo, con unos 7.200 millones de euros anuales, después de Francia. En este sentido, Castilla-La Mancha se vería muy perjudicada, puesto que es la segunda preceptora de España después de Andalucía.

La Comisión propone un giro sustancial en el régimen de ayudas directas con la supresión progresiva, hasta el 2019, del criterio histórico para el cálculo de las mismas, lo que podría entrañar recortes sustanciales en las producciones que actualmente tienen elevados rendimientos y perjudicar asimismo a las producciones ganaderas intensivas sin base territorial.

Las ideas propugnadas por la Comisión implican, en general, mayores cargas administrativas para los agricultores y ganaderos, frente a la simplificación burocrática, que tenía que haber sido el objetivo, como consecuencia de la complejidad del nuevo sistema de pagos directos, así como mayores costes de producción, que se sumarían a las fuertes exigencias ya en vigor.