Los datos de lo que significa la industria cárnica catalana para la economía son muy relevantes, ya que supone el 18% del PIB industrial catalán y el 3% del PIB absoluto de Cataluña, alcanza un volumen de producción anual de 2,4 millones de toneladas y exporta el 63% del total de carnes y productos cárnicos de todo el estado español. También hay que remarcar que es uno de los pocos sectores que está capeando la crisis económica gracias a sus exportaciones y que todavía no ha destruido empleo. La Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC) considera que todos estos datos no parecen tener mucho valor para el Gobierno catalán, ya que ahora, mediante la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, ha introducido una serie de modificaciones en las tasas de inspección veterinaria en mataderos y salas de despiece, que se traduciría en un impacto desmesurado sobre la fiscalidad de las empresas cárnicas.
Si finalmente se aprueba este Proyecto de Ley en los términos actuales, la tasa de sacrificios que está ingresando la Conselleria de Sanidad se podría incrementar en un 150%. Hasta ahora las empresas cárnicas ya se habían quejado de este tributo, que les está suponiendo un desembolso anual de unos 6 millones de euros y que con el cambio propuesto podría provocar que el importe que pagan se eleve hasta los 15 millones de euros, lo que tendría unas consecuencias muy negativas en un sector que, hasta ahora, ha actuado como una de las locomotoras económicas de Cataluña.
Además, esta medida recaudadora restaría competitividad al sector cárnico catalán frente a otras comunidades que ni ingresan ni pagan estas tasas abusivas, como por ejemplo Aragón o la Comunidad Valenciana, y que podrían salir altamente beneficiadas de una transferencia de a actividad económica por el encarecimiento de los servicios en los mataderos catalanes. También se convertiría en un sector menos competitivo frente a países europeos que ofrecerán productos a mejor precio, lo que afectará a las exportaciones. Según los cálculos de la patronal catalana, esta frenada de la competitividad se podría traducir en una destrucción de empleo de hasta 1.000 puestos de trabajo.
La FECIC se ha reunido con representantes de la Conselleria de Agricultura y de Sanidad y ha mantenido encuentros con los diferentes Grupos Parlamentarios para intentar frenar este punto de la ley, pero según la federación “el afán recaudador del Govern puede más que el sentido común, provocando una situación que puede convertirse en el principio del desmantelamiento de un modelo económico de éxito para Cataluña”.
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