Después de demasiados años pidiendo lo mismo ha llegado el momento de escuchar, en boca de la misma Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que “se acabó la demagogia en materia de política hidráulica”.
Las viejas reivindicaciones de ASAJA de Castilla-La Mancha han sido escuchadas lo que supone un motivo de satisfacción porque benefician al sector agrario, a la economía y a la sociedad, en general. La Organización Agraria, que ha mantenido siempre el mismo discurso, ha demandado en numerosas ocasiones que no se utilice el agua como instrumento político, que se trace una línea roja y se ponga fin a los estériles debates para comenzar una gestión eficaz y real de los recursos hídricos.

Y al parecer, nuestras demandas comienzan a dar su fruto. Concretamente, en el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, aprobado en Consejo de Ministros el viernes 4 de mayo y publicado un día después en el Boletín Oficial del Estado, se incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), lo que, en otras palabras, sirve para completar el proceso de regularización iniciado por el Plan y contribuye a mejorar la situación de los acuíferos.

Los objetivos de dicha disposición son los mismos que los del PEAG: la recuperación ambiental de los acuíferos y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias. Para ello, se reordenan los derechos al uso del agua mediante la técnica de los contratos de cesión de derechos. Esto supone modificar las condiciones actuales de las explotaciones de la región, que disponen de dotaciones de agua totalmente insuficientes para rentabilizar sus cultivos, consecuencia de unos severos regímenes de explotación que tratan de recuperar los acuíferos a costa de los agricultores.

Además, en la disposición se ve reconocido el esfuerzo de ASAJA de Castilla-La Mancha y ve la luz una de las reivindicaciones más veteranas de la Organización: el otorgamiento de nuevas concesiones en zonas deficitarias de recursos para los titulares de las explotaciones agropecuarias (agricultores a título principal, explotaciones prioritarias, usos ganaderos…) que pretendan acceder al uso de las aguas para rentabilizar las mismas y, de esta manera, se podrá concluir el proceso de regularización de los pozos sin derechos.

Sin embargo, estas medidas pueden convertirse en un elemento de discordia más, e incluso, desembocar en algo tan grave como la especulación de un derecho básico para el agricultor como es al agua. Por lo tanto, será necesario echar mano de algo tan práctico como el sentido común, pues a ningún castellano-manchego le conviene tirar piedras contra su propio tejado y enturbiar un proceso que, sin lugar a dudas, podría mejorar la coyuntura económica de esta región.
Lo que es evidente es que nada de esto ocurrirá si para desarrollar lo que el Real Decreto-ley dispone no se cuenta con la implicación de todas las partes afectadas, sobre todo, con la participación de las comunidades de regantes o, lo que es lo mismo, los agricultores.

Igualmente, la Administración, como parte involucrada, tendrá que olvidar las rencillas políticas si de verdad quiere solucionar los problemas en materia de agua. En este sentido, la ya anunciada supresión del Consorcio del Alto Guadiana podrá dañar a unas u otras sensibilidades. Ni el contenido ni las funciones de dicho organismo pueden desaparecer si se pretende que las cosas salgan bien, con independencia de la Administración que asuma las competencias.

Afortunadamente, las nuevas medidas y los últimos movimientos políticos suponen un reconocimiento público de la deuda histórica con esta región en materia de agua, marcada por la falta de infraestructuras hidráulicas y por estar muy por debajo de la media nacional en superficie regable. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la andadura puesta en marcha significa un impulso para la economía castellano-manchega, pues el agua es fuente de riqueza, y de su uso eficaz y sostenible se derivan otros cuantos beneficios para toda la sociedad de la región, como la generación de empleo o el asentamiento poblacional e industrial.

Por ello, sería inconsecuente que algún agente social, económico o político pretenda borrar la delgada línea roja trazada y genere polémica en un tema tan sensible como éste y que, a la vez, es ventajoso para todos: de las líneas que se marquen en el sector agropecuario dependerá gran parte de la maltrecha economía de la región, y del tipo de agricultura que se establezca dependerá su permanencia, pues los agricultores están en la cuerda floja y si deciden abandonar su actividad, olvidémonos todos de alimentarnos, a nosotros y a nuestros hijos, con la certeza de la existencia de abastecimientos seguros y de calidad.