La ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO UPA-COAG considera un auténtico despropósito el impresentable impuesto que quieren imponer a los agricultores que reutilicen su propia semilla de cereal para sembrar.
En los últimos meses cientos de agricultores de Castilla y León están recibiendo facturas emitidas por GESLIVE en concepto de `Retribución al titular por el reempleo de grano para siembra´, tras ser informados por parte de las diferentes empresas dedicadas a seleccionar grano.
Cuando estas facturas no son atendidas por los agricultores se pone en marcha el protocolo establecido, pasando al departamento jurídico, que de inmediato procede nuevamente a enviar una carta requiriendo al agricultor `con toda seriedad´ para que proceda al pago de la factura en un plazo no superior a quince días. En caso de no ser atendida la factura amenazan con la reclamación a través de los tribunales de justicia.
Cabe recordar que GESLIVE es una asociación formada por obtentores de semillas dedicada a representar y gestionar mediante la recaudación de tasas a agricultores que utilicen su propio cereal para sembrar, amparándose en los derechos de propiedad industrial sobre las variedades protegidas. GESLIVE tiene suscritos convenios con las organizaciones APROSE, ACCOE, SEMICAN y ACMLL.
Estas empresas semillistas ya pactaron en su día subir por encima del 20 % de media todas aquellas variedades certificadas de semillas R-1 y R-2.
UPA y COAG exigen una inmediata rectificación por parte de los colectivos que proponen este nuevo atropello contra los intereses de los agricultores, e instamos a las Administraciones competentes que actúen ante esta imposición perpetrada de forma conjunta y perfectamente diseñada para agrandar las cuentas de dichas asociaciones.
Este sistema recaudatorio vendrá a encarecer aún más el cereal utilizado para alimentación ganadera en una situación de crisis acumulada desde hace años.
LA ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO denuncia que en esta ocasión se quiere rebasar todos los límites con amenazas de los gabinetes jurídicos contra los productores, imponiendo unas tasas que llevan implícito un abuso de poder pactado y que debería ser investigado por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
UPA y COAG van a luchar hasta las últimas consecuencias para acabar con esta injusticia, ya que los pasos dados hasta la fecha por estos recaudadores resulta un atentado contra los agricultores cerealistas de las explotaciones familiares agrarias de nuestro país.
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