La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, denuncia el atropello sufrido por las Agrupaciones de Producción Integrada de algodón, que ven cómo, casi tres años después de convocarse las ayudas para asesoramiento de los agricultores, la Consejería publica una resolución denegando dichas ayudas.

En marzo de 2010, la Consejería de Agricultura convocaba las ayudas para prestación de servicios de asesoría dirigidas a las Agrupaciones de Producción Integrada (API), especificando que la financiación de las mismas se realizaría con cargo a unas determinadas asignaciones presupuestarias. El pasado 28 de noviembre de 2012, la Consejería dictaba una resolución por la cual denegaba las citadas ayudas, porque “debido a la situación financiera actual, se han desdotado los créditos de las aplicaciones presupuestarias”, aunque reconociendo que “reunían los requisitos y condiciones establecidos para la concesión”.

Se da la circunstancia de que las API de algodón reciben desde 2006 fondos públicos que sirven para cofinanciar (los agricultores aportan el otro 50%) este servicio, que presta personal especializado contratado expresamente para este fin. En 2009, la Consejería tuvo que asumir con fondos propios el pago de estas ayudas, porque desde Bruselas se rechazó su inclusión en el PDR, al no tratarse de productos alimentarios. A pesar de todo, en 2010, la Consejería volvió a convocar las ayudas, sabiendo que de nuevo tendría que pagarlas con su presupuesto. Debió hacerlo en 2010, o dictar resolución denegatoria en ese momento para que las API tuvieran libertad de decidir si continuaban o no con su actividad, buscando fórmulas alternativas para financiarse. No lo hizo, y casi tres años después resuelve de manera desfavorable, provocando un gravísimo perjuicio para estas agrupaciones, y para las cooperativas y organizaciones agrarias que son mayoritariamente las que las impulsan.

Para COAG, es absolutamente inaceptable que la Consejería “deje tiradas” a las API, que durante todos estos años han trabajado para conseguir que hoy en día sean casi 50.000 hectáreas las que se dedican a la producción integrada de algodón, con los beneficios que esto supone. La deuda asciende a casi 2 millones de euros, una cantidad pequeña para el departamento que dirige Luis Planas, pero inasumible para estas agrupaciones, sobre todo en los momentos actuales.

Por eso, COAG denuncia que la Consejería ha realizado, de forma reiterada, una mala gestión, y que las consecuencias de su error no pueden pagarla los productores. Esta organización agraria va a apoyar las acciones judiciales y de protesta que se emprendan desde las APIS para denunciar esta tropelía y exigir a la Consejería que cumpla con su responsabilidad, sin escudarse en la mala situación económica actual, que no puede servir para justificar su actuación.