El viernes concluía el plazo de presentación de alegaciones a la futura Ley Agraria de Castilla y León, una iniciativa que ASAJA considera “muy importante, puesto que ofrece un marco legal al sector agroganadero, fundamental para la economía de Castilla y León y también clave para la articulación territorial y de población de la Comunidad Autónoma”. Ese apoyo a la propuesta no impide a ASAJA lamentar que la Junta “no apueste por una ley más ambiciosa, que contemple todo aquello que afecta a la agricultura y la ganadería y en lo que la Comunidad Autónoma tiene competencias”, que no es sólo lo específicamente agrario, sino también temas de medio ambiente, como la fauna salvaje entre otros, de fomento, de empleo y otros muchos de carácter social, como la educación o la atención sanitaria. “Sería un error que un proyecto como la Ley Agraria naciera cojo por ser excesivamente parcial en su planteamiento, y la Junta no debería desaprovechar las enormes posibilidades que ofrece esta futura normativa”, subraya la OPA.

Igualmente, ASAJA considera vital que en la Ley “se incluya no sólo implícita sino también explícitamente, que el ATP, el profesional cien por cien de la agricultura y ganadería, debe tener la máxima relevancia”.

La organización reconoce aciertos del anteproyecto, como el apoyo a la incorporación de jóvenes y de mujeres al sector, el posicionamiento de la Junta a favor de la mejora de los canales de comercialización, la apuesta por cambios que desbloqueen el avance de las concentraciones parcelarias o la protección de zonas de especial interés agrario, aunque no considera que medidas como el banco de tierras vayan a resultar útiles para los profesionales de la agricultura. También valora ASAJA el reconocimiento que hace la futura ley del papel de representación y reivindicación de las organizaciones profesionales agrarias, aunque pide que la normativa deje las cosas claras para futuros procesos electorales en el sector, así como que determine el papel que deben desempeñar las cámaras agrarias en ellos.