La tendencia privatizadora de la mayoría de las Administraciones públicas (nacional, autonómicas y locales) está llegando a la gestión del agua, ya sea a nivel de abastecimiento humano o al regadío. La organización agraria UPA ha recordado que, frente a esta “ola privatizadora”, el agua debe ser “un bien público gratuito, y como recurso natural escaso y renovable constituye un bien social básico para mantener el sistema productivo, el medio ambiente, la calidad de vida y la salud, por lo que consideramos que la gestión pública del agua es irrenunciable, y por tanto, la administración de este recurso debe seguir siendo competencia de los poderes públicos”.

Los agricultores creen que las tendencias de privatización de la gestión del agua ocasionarían problemas como el incremento de las tarifas a nivel de consumo humano en el medio rural como en los diferentes cánones por los usos en regadío, lo cual implicaría “notables pérdidas en la rentabilidad de los agricultores”.

Frente a estos planteamientos, desde UPA se apuesta por reforzar el control público del uso y de la calidad de agua y de potenciar la participación y la corresponsabilidad de los usuarios, entre ellos los regantes. Ante la mercantilización de la gestión del agua, UPA sigue apostando por el desarrollo de los “bancos públicos del agua”.

UPA también ha señalado el esfuerzo que están realizando los agricultores en la modernización de los regadíos para mejorar la eficiencia en el uso del agua, y que según los datos de un reciente estudio del Ministerio de Agricultura se traslada a una progresiva disminución de la superficie regada por el sistema de gravedad (que en 2012 representó el 28,9% del total) y el continuo aumento de los demás sistemas, entre ellos el riego localizado, que en 2012 ya se utilizó en el 47,2% de la superficie de regadío nacional.

“Sin embargo, seguimos esperando y reclamando la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de Modernización del regadío, pendiente desde hace varios años y que sigue congelado debido a la falta de financiación pública”, han lamentado.
En relación al proceso de planificación hidrológica en las diferentes demarcaciones, los agricultores ponen de manifiesto su preocupación por el gran retraso en su aprobación y sus repercusiones, entre otras las fuertes sanciones que nos impondrán desde la Comisión Europea).

Desde UPA están trabajando para que las disponibilidades de recursos para el sector agrario en la futura planificación “sean acordes con las necesidades de mantener una agricultura productiva, y en aquellas situaciones que se puedan producir determinadas restricciones –como en periodos de sequía- se establezcan ciertos criterios de prioridad de índole socioeconómicos como las explotaciones prioritarias o los agricultores profesionales.

En cuanto al proceso de planificación, preocupa la aplicación del principio de recuperación de costes establecido en la directiva de aguas de la UE. En este sentido, UPA estima “muy necesario” que se apliquen los criterios de excepcionalidad contemplados en dicha directiva, en relación al impacto socioeconómico y viabilidad económica para el sector agrario, y en especial para la agricultura familiar, por lo que puede suponer de elemento diferenciador con el objeto de favorecer una política de desarrollo rural sostenible y un tejido social vivo en el medio rural.