ASAJA de Castilla y León ha iniciado a través de sus organizaciones provinciales, una campaña de información y asesoramiento a los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones por desbordamiento de los ríos y cauces de agua, para que reclamen a la Confederación Hidrográfica del Duero las indemnizaciones por daños ocasionados en sus propiedades. Una parte muy importante de los daños en cultivos, en fincas rústicas, infraestructuras rurales y en explotaciones ganaderas, se han debido al mal estado de los cauces, en los que la administración hidráulica no ha intervenido en su limpieza y conservación ni ha permitido que lo hagan los propietarios de tierras u otras administraciones. Las actuaciones de la CHD se han centrado en los últimos años en ejecutar millonarias inversiones en el acondicionamiento de cauces de los ríos a su paso por las ciudades, inversiones muchas veces relacionadas con el ocio o embellecimiento del entorno, olvidándose por completo de las actuaciones en el medio rural, donde al parecer el gasto de dinero público se rentabiliza peor en votos y los actos de inauguración son menos lustrosos.

ASAJA informará a todos sus asociados de la importancia de tramitar las solicitudes de indemnización por daños patrimoniales, reflejando con la mayor exactitud posible los daños que se han producido en sus propiedades y haciendo una valoración aproximada de los mismos. Los afectados deben de dar también, si es el caso, parte de siniestro por las pólizas de seguro agrario. En el caso de bienes asegurados, uno de los riesgos que ampara el Consorcio de Compensación de Seguros es precisamente el de inundaciones, entendiéndose como tal “el anegamiento del terreno producido por lluvia o deshielo, por aguas procedentes de ríos o cursos naturales de agua en superficie cuando se desbordan de sus cauces normales”.

Al margen de la reclamación de daños individuales ante el Estado a través de la CHD, ASAJA anima a sus socios que insten a los ayuntamientos a canalizar la comunicación de daños y quejas ante las autoridades competentes, y que aprovechen la ocasión para reclamar la ejecución de obras que eviten situaciones similares en el futuro.